ERC dijo basta. Al menos, de momento. Con buenas palabras -«No propondré a ningún otro candidato»- que no ocultan la carga de profundidad, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, frenó ayer la intención de Carles Puigdemont y JxCat de convertir la sesión de investidura del primero en un nuevo acto contrario al ordenamiento constitucional y en un escarnio al Estado. Con el argumento de que debe «defender los derechos» de Puigdemont para someterse al debate de investidura «con todas las garantías», Torrent aplazó el pleno y frustró la intención del expresidente prófugo de la justicia de ser investido a distancia, lo que hubiera acarreado de inmediato la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) y con toda seguridad consecuencias legales para el propio Torrent y la Mesa del Parlamento de Cataluña. Torrent anunció que los juristas del Legislativo catalán presentarán alegaciones ante la resolución del TC que impide que Puigdemont sea investido a distancia.

Las buenas palabras del discurso de Torrent no ocultan la quiebra en el bloque independentista, de consecuencias impredecibles. Torrent se encontraba ante la tesitura de permitir la investidura de Puigdemont sin que este hubiese detallado a sus socios de ERC ni el plan de Gobierno, ni su composición, ni si tiene la intención de regresar de Bruselas ni el discurso de investidura. Se trataba, pues, de un salto al vacío con unas consecuencias, además, muy graves: la acción de la Justicia contra la Mesa del Parlamento, el nuevo cese de Carles Puigdemont y la prolongación del 155 y, por tanto, de la intervención de las instituciones de Cataluña. Todo ello a mayor gloria de Puigdemont.

Torrent y ERC sufrieron ayer la presión, en las redes y en la calle, que otras veces (el pasado 26 de octubre, sin ir más lejos) se desató contra otros partidos o políticos independentistas que osaron actuar al margen del discurso dominante. Porque, al menos ayer, Torrent actuó con responsabilidad al no volver a colocar al Parlamento de Cataluña fuera del orden constitucional y con coherencia respecto a lo que ha defendido desde que asumió el cargo: que Cataluña necesita un Gobierno que gobierne desde el minuto uno, algo que Puigdemont no puede ofrecer desde Bruselas. Porque la realidad, nefasta, es que Cataluña sigue bloqueada: sin Gobierno ni perspectiva de tenerlo.