WLwos boicots son indefendibles, y también lo es la expresión de la impotencia y la desesperación de aquellos que los auspician. Las campañas, unas taimadas y otras explícitas, lanzadas en los últimos días por ciertos sectores radicales para que los ciudadanos españoles se abstengan de adquirir productos catalanes no sólo son injustas, sino que constituyen un error colosal por parte de sus inductores.

El proyecto de Estatuto alumbrado por el Parlamento catalán, sin duda, puede chirriar, en algunas cuestiones, en el resto de España. Puede y debe ser mejorado, tal y como ya ha anunciado el propio Gobierno de Rodríguez Zapatero , pero sus planteamientos políticos, que tienen que ser debatidos, aspecto importante que no hay que olvidar, son responsabilidad directa de sus redactores, y nunca ni de los ciudadanos, ni de las empresas de Cataluña, ni de los empresarios de otras autonomías, que también se van a ver afectados y que honradamente trabajan para salir adelante. Agitar desde fuera de Cataluña el espantajo de un boicot a los productos catalanes es un auténtico desvarío y una provocación en la que no hay que caer y que, desde luego, pasará factura a sus promotores, radicales de ayer, de hoy y de siempre.