WAwrrancar unas 400.000 hectáreas de viñedo en cinco años en Europa, abolir la ayuda para la destilación por producto, incentivar el abandono del cultivo de la vid o crear una nueva tipología de vino, distinto al vino de mesa y de calidad, son algunos de los aspectos que se recogen enla propuesta para reformar el sector en la Unión Europea. La Comisión Europea abre así una nueva guerra, con la que Bruselas pretende acabar con los enormes excedentes de producción y los subsidios a la transformación de vinos en alcoholes industriales y que tendría unas repercusiones muy negativas en el sector extremeño. Las organizaciones agrarias temen que la reforma, tal y como está planteada, perjudicará al 80% de la producción extremeña.

Para Bruselas, la propuesta es fruto de las tendencias del mercado, de la necesidad de hacer caldos competitivos frente a los vinos de países terceros. Todo lo que no es mercado pierde valor y para ello se recurre a una vieja estrategia, emborrachar de euros al productor. Incentivar para no producir, callar la boca con dinero y abrir vías a otros cultivos, que además también están subvencionados. Para el sector productor, el anuncio de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) responde realmente a los intereses de los países con más poder en la Unión; unos, con escaso peso agrario en sus economías y hartos de aportar más de lo que reciben, y otros, como Francia, donde sobra vino y quieren que arranquen viñedos de otros países miembros para solucionar su problema.

Desde luego, el anuncio no llega en el mejor momento para Extremadura, que en los últimos cinco años ha destinado casi 120 millones de euros a modernizar las explotaciones y bodegas de la región. Pero si cabe, esta estrategia europea tiene mayores repercusiones en regiones como la extremeña, donde el sector vitivinícola tiene además el rango de cultivo social , capaz de generar 1,5 millones de jornales, ocupar a casi 22.000 agricultores y dar empleo a 1.200 personas en las bodegas que hay en Extremadura. Sin duda, un elemento de freno para evitar la despoblación de zonas rurales, como sí ha ocurrido en otras zonas de España.

Con el anuncio de la reforma, las instituciones comunitarias dan muestras de una falta de planificación política en las decisiones que toman en el ámbito agrario, un sector cuyo porcentaje de aportación al PIB europeo es mucho menor que el que reciben por incentivos. Pero éste es también el precio a pagar por mantener un sector agroalimentario competitivo, de calidad y muy exigente en sus niveles de seguridad, además del canon por garantizar un desarrollo equilibrado en las zonas rurales como mejor garantía para así responder a los requisitos económicos, ambientales y sociales de la sostenibilidad.