WLw a comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, ha presentado lo que todavía no se considera más que ´una idea´ sobre un nuevo modo de repartir las ayudas agrarias, que consiste básicamente en rebajar las subvenciones de forma porcentualmente creciente, de manera que quienes perciben más de 300.000 euros recibirían hasta un 45% menos; quienes cobraran más de 200.000 euros tendrían una rebaja del 25%; del 10% los que cobraran más de 100.000 y del 8% los que percibieran más de 5.000 euros, cantidad máxima para que la reducción planteada por la comisaria no le afectara. Se trata, como se ha dicho, de una idea que se aplicaría a partir del 2010 y, de llevarse a cabo, afectaría al bolsillo de 21.000 titulares extremeños de explotaciones agrarias (no así a las agrupaciones de productores y a las cooperativas), si bien menos de 500 verían reducidas sus percepciones en un 25% o más.

Pero se trate solo de una idea que pueda ser o no sustituida por otras, hay un hecho incuestionable: Bruselas se está planteando el sistema actual de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que ha devenido injusto y, en regiones como Extremadura, muestra en ocasiones una cara poco presentable, puesto que atiende abundantemente a los que más tienen. Este periódico publicó el pasado 28 de octubre una lista de perceptores de ayudas de la PAC trufada de aristocráticos apellidos y también de inmobiliarias, consultoras, cementeras, inversoras..., con sedes en distintos puntos de España que percibían ayudas comunitarias (hasta 40 millones se repartían 75 empresas de fuera) en mayor grado que ninguna, transmitiendo la, para muchos certeza, de que los impuestos de los europeos van a parar a hacer más ricos a los más ricos.

Es bueno, por tanto, que Bruselas se plantee que algo hay que hacer, y que apunte hacia la modificación de esa línea política, pero debería tener en cuenta otros factores, y no solo el hacer una rebaja sobre la ayuda obtenida, que se puede prestar a ´trampas´ como dividir una explotación entre varios titulares con el fin de atemperar las pérdidas. Debería tener también en cuenta Bruselas --y es una idea que ya expuso en este diario el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, cuando se refirió a las ayudas de la PAC y a sus perceptores--, más que el concepto de volumen de fondos, el de riqueza generada, el de explotar la explotación, siendo un factor capital el de la creación de empleo. Y, por otro lado, también debería tener en cuenta Bruselas que para el mantenimiento de muchas pequeñas explotaciones no basta con que no se rebajen las ayudas, sino que es preciso que aumenten; con planes de modernización y mejora y, también y a su nivel, con creación de empleo, pero que se aumenten.

La propuesta de Fischer incluye también que el dinero no gastado en subvenciones iría a parar a ayudas al desarrollo rural. Parece como si Bruselas tuviera tan mal concepto de los agricultores y ganaderos, que evita que, aun los más pequeños, se beneficien de una redistribución de las ayudas. Además, planea la duda de si estas rebajas por tramos no serán en realidad una forma de financiar las ayudas a los agricultores de los nuevos países incorporados a la UE sin aumentar el presupuesto total. Aunque no fuera así, y en realidad se tratase de dotar de fondos al desarrollo rural para diversificar la economía de los pueblos, los agricultores y ganaderos se preguntan por qué deben ser ellos quienes paguen estas iniciativas, como si no tuviesen bastante con lidiar con la climatología y los intermediarios.