XCxualquier política inteligente sobre el agua ha de tener como principal objetivo una gestión eficaz de la misma que mantenga la calidad de vida y desarrollo de la sociedad, tanto más en momentos como los actuales en los que nos encontramos en una situación de crecimiento de la demanda fruto de las necesidades hídricas pero también de una utilización bastante inadecuada del recurso.

Las variaciones en las disponibilidades de agua, resultado de las fluctuaciones, de periodos secos y húmedos, el crecimiento de la población y de actividades como las industrias o los complejos de ocio (altamente consumidoras del recurso), la expansión de usos agrícolas y desarrollos intensivos de riego, el deterioro de la calidad de las aguas (fruto de usos urbanos, industriales o agrícolas), la disminución de la disponibilidad de aguas subterráneas o la contaminación de acuíferos así como el incremento en la demanda, por parte de los colectivos, de espacios naturales, humedales, etcétera, originan toda una serie de problemas a los que debe dárseles solución si la humanidad aspira, tal como dice en sus declaraciones, a un desarrollo sostenible.

El asunto no es baladí. La sociedad actual con ese espíritu sintético que a veces la caracteriza tiende a buscar en la receta las soluciones a sus problemas con el argumento de que cualquier solución tecnológica paliará sus necesidades sin exigirle ningún sacrificio. Sin embargo los hechos han venido tozudamente a demostrar lo incompleto de tal pensamiento. Sobre todo cuando se trata de recursos tan importantes y escasos como el agua, patrimonio y responsabilidad de cuantos se sienten ciudadanos. Por eso resulta tan importante conocer la identidad de todos los problemas ambientales existentes, derivados del actual uso del recurso en relación con la calidad del mismo, el desorden y despilfarro de aquél o la situación administrativa por la que pasa. Un planteamiento político que tome en consideración no sólo el valor económico del agua sino también su valor social y ambiental buscará siempre garantizar su disponibilidad y su calidad optimizando su uso y restaurando los ecosistemas asociados. Una vez satisfechas las necesidades primordiales e indiscutibles de la población, que son un derecho irrenunciable para todos los habitantes, debiera desvincularse el uso masivo del agua con la calidad de vida o el crecimiento económico. No tiene por qué haber una relación directa entre ambos. Y el ahorro es posible si se establecen políticas destinadas a un uso cuidadoso del recurso con asignación de precios adecuados, reutilización y depuración de aguas, desde un nuevo enfoque no sólo preocupado por la cantidad de aquéllas sino también por su calidad.

Porque si las aguas se devuelven con una adecuada calidad se podrán volver a utilizar. Las aguas depuradas pueden reutilizarse en el ciclo del agua en todo el entorno mediterráneo en el que nos encontramos, nuestras ciudades tienen importantes potencialidades en esa reutilización. Y luego está la necesidad de que las redes urbanas mejoren su eficiencia ya que se encuentran obsoletas en gran parte de las urbes españolas. La modernización de las mismas es una actuación necesaria para obtener recursos que pueden destinarse a otras funciones.

Hace unos días se celebró el Día Internacional del Agua, una ocasión para recordar la importancia de este recurso y lo necesario de una continua concienciación en su protección y uso. Los ayuntamientos, como administraciones cercanas a los ciudadanos tienen un papel clave en la puesta en marcha de medidas que incidan en una política dirigida al ahorro y a la eficiencia del uso del agua en cada municipio. Elaborando ordenanzas, minimizando las pérdidas de agua en las conducciones, desarrollando campañas de sensibilización y otras muchas actuaciones acordes con el fin que estamos propiciando. Pero también supervisando y prohibiendo las conductas insolidarias de quienes, haciendo de su capa un sayo no respetan el patrimonio común y se aprovechan.

*Portavoz municipaldel PSOE en Cáceres