El concurso para conceder la gestión sobre el abastecimiento de agua a Cáceres no está discurriendo por los cauces de sosiego que debería ser obligado en asunto de tanta trascendencia para la ciudad: no en vano de él depende no solo la calidad de gestión de servicio tan esencial, sino que en él se ha depositado buena parte de la solución a los problemas económicos del ayuntamiento; un maná que espera recibir para cancelar los seis créditos que por 25 millones adeuda a cuatro entidades y pagar con el resto sus compromisos más urgentes merced a la exigencia del canon de al menos 30 millones que tendrá que satisfacer la empresa adjudicataria. Desde el inicio de la última fase, el concurso estuvo oscurecido por el proceder polémico del secretario, que no comunicó a la alcaldesa, en tiempo y forma, una petición del PP para que se aclarara qué sistema de discusión y de toma de decisiones debía seguir la mesa de contratación, que es la encargada de elegir qué empresa se propone al Pleno para que se haga cargo del agua. El hecho de que esa conducta del secretario haya devenido en la inusual petición del presidente de la mesa y concejal de Hacienda, Lorenzo de la Calle, de que se le abra expediente ya es muestra suficiente de las tensiones y de los recelos de todos sobre todos que se viven dentro de la citada mesa. Por si fuera poco, el fallo de algunas de las empresas que optan al servicio, y particularmente de dos (la actual concesionaria, Canal de Isabel II, y Aqualia) al introducir datos económicos en su oferta técnica, ha dado pie a un cúmulo de acusaciones entre los partidos, cuando no de insinuaciones sobre si unos pretenden que ganen ciertas empresas que los otros pretenden que pierdan. Esta atmósfera sitúa asunto tan decisivo para Cáceres en el terreno de la desconfianza ciudadana.

Si algo quieren los vecinos en este tipo de concursos es transparencia y que primen los criterios técnicos y de conveniencia para la ciudad por encima de cualquier otro. Nadie podría decir, a estas alturas del proceso, que esa pretensión de los cacereños está cerca de cumplirse. La exclusión ayer del concurso de Canal de Isabel II, la actual concesionaria, mediante los votos del PP y de IU no va en la dirección de disolver las dudas sobre la ecuanimidad de ambos grupos. Y ello por una razón: fue el PP el que, con buen criterio, pidió informes a los técnicos sobre si el fallo de Canal y de Aqualia al introducir datos económicos en la oferta técnica era de tal calibre que debería acabar en la expulsión del concurso. Dos de los tres técnicos concluyeron que no había razón suficiente porque su valoración no se ha visto contaminada por esos datos. Sin embargo, el PP, del que en puridad se esperaba que asumiera el informe técnico porque de lo contrario poca razón habría para pedirlo, se desmarca ahora de la opinión mayoritaria y hace suyo el informe minoritario que cree más conveniente la expulsión.

Las cosas han llegado a un punto que es muy difícil que a estas horas no haya ninguna empresa de las que concursan que no se le pase por la cabeza recurrir la decisión final, sea cual sea (ayer mismo Canal ya impugnó su exclusión). Justamente, y por la inseguridad que se crea, lo que todos los políticos de esa mesa de contratación deberían haber tratado de evitar por encima de todas las desavenencias y recelos, aunque solo fuera porque la decisión sobre la concesión del agua es mucho más que eso: es la viabilidad del consistorio.