Las importantes objeciones que la Junta de Extremadura puso la semana pasada al proyecto del Plan General de Urbanismo (PGU) de Cáceres están teniendo unas consecuencias que van más allá de los trastornos de tipo técnico y los perjuicios económicos en el sector de la construcción que se derivarían de la corrección del mismo y el aplazamiento en su entrada en vigor.

Las manifestaciones, ayer, del primer teniente de alcalde y concejal de IU Santiago Pavón, señalando que votará en contra de cualquier PGM que contemple la posibilidad de que se construyan viviendas en el solar del colegio de Las Carmelitas, donde existe un proyecto de construcción de El Corte Inglés, es una prueba de que el PGM puede deteriorar la estabilidad del gobierno municipal. Cabe recordar que Junta y Ayuntamiento no ponen en principio objeciones a que se construyan viviendas en Las Carmelitas y que la diferencia entre unos y otros en ese punto concreto del plan no es sobre las viviendas sino sobre el volumen de las compensaciones al municipio (según el proyecto del PGM, alrededor de 11.000 metros cuadrados, mientras que la Junta estima que la compensación deberían ser 18.000).

Posiblemente, y a diferencia de la posición maximalista de Pavón, la operación incluida en el PGM sea perfectamente defendible legal y políticamente; desde luego es mucho mejor para Cáceres que las condiciones en que El Corte Inglés llegó a Badajoz, pero con independencia de ello, ya es hora de decir que la instalación o no de El Corte Inglés en Cáceres no puede estar condicionando la vida política de la ciudad; que ´la operación Corte Inglés´ dura demasiado y ha tenido ya suficientes efectos devastadores sobre la política municipal --que se lo pregunten a Saponi, a Ibarra, a Corominas, a Carmen Heras y al PSOE cacereño en su conjunto los papelones que han tenido que desempeñar a cuenta a la presunta llegada a Cáceres de El Corte Inglés-- como para que nadie la desactive.

Que El Corte Inglés se instale en Cáceres debe ser, para la ciudad y a la vista del efecto que ha tenido en otras, una iniciativa extraordinariamente positiva; y para los grandes almacenes, un buen negocio. Pues bien, bajo ninguna de estas perspectivas se explica lo que está ocurriendo con este asunto. ¿Es que una corporación de una ciudad como Cáceres puede depender de un proyecto que lidera un particular en terrenos particulares? ¿No hay nadie en el Ayuntamiento que sea capaz de plantear alternativas al proyecto de Las Carmelitas? ¿Qué es lo que le interesa a El Corte Inglés, las posibilidades de negocio que presenta Cáceres o Las Carmelitas? Si es Cáceres, es hora de que alguien con la legitimidad que otorga la voluntad popular plantee las diferentes posibilidades que tiene esta ciudad para acoger esa gran firma sin necesidad de intermediarios, pero si lo que le interesa a El Corte Inglés es ocupar la parcela del colegio y nada más, entonces es que solo le interesa la ciudad para cumplir ese objetivo; y en esas condiciones es mejor que se quede donde está porque nadie puede pensar que una empresa con el prestigio de esta limita su interés al único que se derive de su instalación. Es preciso despejar esas incógnitas y desactivar la bomba de relojería que representa esa operación para la estabilidad municipal.