Con una sonrisa forzada había dicho Luis Bárcenas que estaba muy tranquilo tras haber trasladado al juez Monterde las pruebas de su inocencia el pasado día 22. Sólo era la versión del interesado. Nos habíamos quedado con ganas de conocer la del magistrado-instructor del Tribunal Supremo ante el que había comparecido como "imputado provisional".

Malsana curiosidad de periodistas frente a un juez obligado a guardar secreto y a expresarse solo mediante autos judiciales. Especialmente aquel en el que se propone el archivo de la causa o, en su caso, el suplicatorio al Senado, paso previo a la imputación formal por cohecho y fraude fiscal. Al no haberse producido el archivo de la causa, se cumple la peor de las hipótesis para Bárcenas y su partido: la petición del suplicatorio.

Sin embargo, en el PP aseguraban ayer no tener nada claro que se vaya a producir de modo inminente la referida solicitud de suplicatorio. De momento, sólo sabemos que el magistrado-instructor la ha cursado a la Sala de lo Penal del Supremo. El próximo trámite es que la Sala la traslade al presidente del alto tribunal y éste se la presente al presidente de las Cortes Generales, que es el del Congreso.

La impresión general es que Bárcenas se ha ido un minuto antes de que se cumpliera la condición que él mismo había puesto para dejar el cargo de tesorero, aunque sigue atornillado al escaño del Senado que le otorga el aforamiento. La condición era el suplicatorio. Se supone que por alguna filtración supo de la inminencia del trámite. Y por eso dio el paso atrás que, salvo Rajoy, Arenas y Ana Mato, le venían reclamando todos los dirigentes del partido.

Su renuncia tiene una primera consecuencia. Desvía la tensión hacia Francisco Camps , la otra punta del iceberg llamado "Gürtel". Pero solo en la apariencia reflejada en los ámbitos político y mediático, pues el horizonte judicial sigue abierto para el uno y para el otro.