La Consejería de Hacienda ha publicado una orden por la que obliga a las cajas de ahorro cuya sede social se encuentra fuera de la comunidad pero que tienen aquí oficinas abiertas, a que inviertan en obra social en proporción a los recursos financieros que capten entre los extremeños.

Toda vez que la legislación que afecta a las cajas le obliga a derivar parte de sus beneficios a obra social, es difícil no estar de acuerdo con esta norma porque pretende corregir una situación injusta: el que el ahorro de los extremeños genere, además de beneficios financieros a las entidades que lo administran, un beneficio social que se invierte en otras latitudes.

Como publicaba ayer este periódico, las grandes cajas foráneas con fuerte presencia en Extremadura --fundamentalmente la Caixa y Caja Duero, con 164 oficinas entre ambas-- cumplen con creces ese requisito sin que hasta ahora ninguna institución se lo haya pedido, pero hay otras once, que en conjunto tienen 77 oficinas abiertas y de las que la más importante es Cajamadrid, que tendrán que tener en cuenta que a partir de ahora deberán hacer obra social en nuestra región. Bienvenida sea.