En los últimos tiempos se ha entrado en una dinámica peligrosa al debatir públicamente el objetivo histórico de la Banca privada, que no es otro que la desaparición de las Cajas de Ahorros en España. Este debate no surge con base en el análisis objetivo de su situación sino por los intereses espurios que buscan contrarrestar el peso que mantienen en el Sistema Financiero Español, donde superan en determinados parámetros al que poseen los bancos: cuota de mercado, transparencia, sistema de gobierno, garantías, presencia de consejeros independientes...

El problema es que esta cuestión puede estar calando como nunca en los órganos de decisión de las cajas sin darse cuenta que lo que se determine en fechas próximas puede condicionar la desaparición de estas entidades nacidas en el siglo XIX con el objetivo de combatir la usura.

Según esas voces interesadas, parece que la culpa de muchos males de la crisis financiera en este país es consecuencia de la forma jurídica de las cajas de ahorros y, por tanto, hay que hacerlas desaparecer, tal y como están concebidas. Así se expresa desde el FMI, la OCDE, el BCE y el Banco de España, a pesar de que hasta hace poco eran un ejemplo de modelo de negocio.

XENTRE OTROSx argumentos para finiquitarlas se esgrime el que son las únicas que prevalecen en el Sistema Financiero Europeo. Analizando lo ocurrido en el resto de países de nuestro entorno (Italia, Gran Bretaña, etcétera) los cambios operados en las cajas se han realizado en un contexto político, económico e ideológico que no es en ningún caso trasladable ni comparable a la realidad española.

Se pretende la desaparición de las cajas mediante la aplicación de los SIP (Sistema Institucional de Protección). Que su instrumentación está siendo muy propiciada es un hecho, pero ante ello nos preguntamos si se ha tenido en cuenta lo que conlleva la implantación de esta figura. Sus impulsores ocultan al debate público que no existe experiencia en cajas de ahorros y la que hay deriva del auspicio del Banco de España en las cajas rurales, donde ha habido problemas de implementación y desencuentros.

Sería necesario que se conociera que el SIP es una figura jurídica reciente en Europa (Directiva 2006/48/CE) y en España (RD 216/2008), y que, por tanto, existen lagunas por la pobreza de regulación con el consiguiente riesgo en cuanto a seguridad jurídica.

Nos cuestionamos si sus alentadores habrán sopesado que con un SIP cada una de las cajas que participen ceden parte de su actividad, estructura, servicios, autonomía financiera y que, además, si se quieren beneficiarse del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) deberá haber recibido de cada caja, en muy alto grado, estas transferencias y se encontrarían en una fusión virtual irreversible. ¿Son conscientes que a medio plazo se desdoblaría la gestión de la Obra Social y el negocio?

Apostando por los SIP toda la sociedad pierde y por supuesto los trabajadores. Cuando se habla de mejorar la eficiencia, lo pretendido es la reducción de oficinas, de servicios, y, de personal lo que lleva ineludiblemente a la pérdida de puestos de trabajo. ¿Cuál es el costo de un SIP?

El punto clave en esta cuestión es la naturaleza jurídica que tendrá la entidad que se constituya para gestionar el SIP, que sería una sociedad de naturaleza mercantil, donde las decisiones importantes pasarían a un órgano de nueva creación, integrado por los presidentes y directores generales de las mismas, dejando en un plano intrascendente los actuales órganos de gobierno de las cajas, con lo cual estaríamos ante el final de su naturaleza jurídica.

Espero que estas consideraciones se hayan hecho y estén resueltas en los distintos informes que han elaborado nuestras cajas y espero que sean conocidas por todos y cada uno de los que realmente tienen que decidir sobre el futuro de las mismas.

También debería pronunciarse la Asamblea, donde el informe de conclusiones acerca del fortalecimiento del Sistema Financiero extremeño fue apoyado por unanimidad, y en el que se recomendaban otras fórmulas como la fusión.

Si ya no nos gusta el proceso de fusión o hay que pulir algún aspecto, modifíquese la Ley (LORCA), pero propiciemos la supervivencia de las Cajas, con su naturaleza jurídica y su carácter benéfico y social, recordemos su contribución a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de los pueblos y de Extremadura en general.

No caigamos en la indolencia, reflexionemos y actuemos con sentido común y responsabilidad para que después no tengamos que añorar lo que tuvimos y no tenemos.