En 2015, todos los grupos de la oposición presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable. A partir de entonces, el trámite ha seguido su curso con el apoyo de las nuevas formaciones. Hacía entonces seis años del asesinato de Marta del Castillo, siete del de Mari Luz Cortés, diecinueve del de Rocío Wanninkof, quince del de Sonia Carabantes, dieciocho del de Jonathan y veintiséis de los crímenes de Alcácer. Ni Diana Quer, ni el pequeño Gabriel habían nacido en estos últimos casos, ni desde luego la expresión de legislar o derogar en caliente, es aplicable al momento en que el PP, con su mayoría absoluta decidió recuperarla. Mas ya se sabe que, cuando una frase se convierte en slogan, es usada sin rubor y sin sentido por todo aquel que ve en ella una vía fácil para cargarse de razón.
Se acusa mucho a Ciudadanos de veleta y de que es olfato electoral y no convicción lo que le hace ahora apoyar la pena, cuando en 2015 prometió que la derogaría si ganaba y en 2017 la calificaba de demagogia punitiva y populismo. Mas no es el único partido con contradicciones, pues Podemos, con esa inconsistencia tan suya, ensaya recovecos verbales y lo mismo su portavoz arguye, con la autoridad que se le presupone, que verían bien que el Gobierno convocara un referéndum, como su líder afirma que nunca sometería a referéndum ninguna cuestión que tenga que ver con los derechos humanos.
Mas allá de lo que digan los expertos, que los habrá con opiniones en apoyo de detractores y defensores, lo cierto es que cada cual puede pensar lo que quiera, y defenderlo con argumentos y con educación. También sería deseable sensibilidad ante el dolor, cualidad humana que ni el calor del debate ni la subordinación política debería oscurecer. Prejuzgar intenciones, arrojar al otro acusaciones de bajeza moral, de buenismo o de utilización de las víctimas, es un espectáculo que ojalá provoque dolor de los pecados y propósito de la enmienda a los que lo protagonizaron. Pasó el otro día en el Congreso. Y fue asqueroso.
