Después de años de frecuentar los tribunales, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra , se enfrenta ahora a una severa petición fiscal: 15 años de prisión y 2,3 millones de euros de multa por considerarlo autor de varios delitos de fraude a la Hacienda, cohecho y tráfico de influencias. El Ministerio Público también acusa a la exmujer de Fabra, Amparo Fernández.