El conductor borracho que mató en un policía autonómico que formaba parte del dispositivo policial para reprimir la alcoholemia no podrá reincidir, porque la juez que lleva el caso ha cambiado su decisión y le ha quitado el permiso de conducir. La magistrada rectifica ante la alarma social por una decisión que iba contra el sentido común, pero en su descargo hay que recordar que esa medida cautelar debía pedirla el fiscal, que incomprensiblemente no estuvo en la vista. En este caso, la administración ha sido oportuna a la hora de restablecer la sensatez y compensar, de pasada, la excesiva irritación de dirigentes políticos y de sindicatos policiales, cuyas protestas destilan corporativismo. La autoridad advirtió hace poco de que aún no existen los reglamentos de la ley de tráfico que el Partido Popular promulgó pomposamente hace un año, y que debe tener efectos penales. Ahora ha vuelto el debate sobre la necesidad de que el carnet de conducir deje de ser un derecho absoluto y se pueda ir perdiendo por mala conducta, según un baremo de puntos acorde con cada infracción. Si fuera así, el conductor ebrio que mató a un policía en Gerona ya se habría quedado para siempre sin su permiso.
