El caso de la niña secuestrada y explotada sexualmente por quien ella creía su novio en Arroyo de San Serván no deja de causar estupor. Los hechos en sí mismos son propios de esas películas sórdidas que se empeñan en dar a conocer el lado más miserable e intrínsecamente malo de la condición humana. Y el desenlace fatal para uno de los interrogados por la Guardia Civil, que según sus familiares no alcanzó a vivir con el peso del remordimiento, le imprime a este asunto unas dosis de dramatismo insoportables.

Pero este caso atañe a todos. Es fácil, aunque es inevitable que se haga, apuntar con el dedo a los vecinos de Arroyo de San Serván y demandarles por qué han estado mirando para otro lado durante las semanas en que la niña raptada ha estado sometida a vejámenes brutales. Es fácil ahora, pero antes de ensañarse con el pueblo --cuyos vecinos admiten que en el número 71 de la calle La Sierra en la que estuvo secuestrada la menor otras mujeres ejercían la prostitución-- cabe también preguntarse si cada uno de los que no son de Arroyo de San Serván hubiera tenido un comportamiento más diligente, más vigilante y hubiera evitado la tragedia. Cabe preguntase si en todas las localidades que no son Arroyo solo hay gente como Pedro, el policía en segunda actividad que tuvo el suficiente celo profesional y sentido de la responsabilidad para averiguar qué pasaba en esa casa-patera en la que vivían decenas de personas. La respuesta es no. Y basta para demostrarlo recordar que en otras localidades de la región, como Almendralejo, también se han denunciado casos de ofrecimientos de menores para prácticas sexuales en un parque; o reparar en que las carreteras y los polígonos industriales están llenos de prostíbulos, en los que con extraordinaria frecuencia se mantiene sometidas a las mujeres --mayores de edad casi siempre, pero a veces también menores--, en condiciones de esclavitud sexual que debieran ser tan socialmente insoportables como es este caso, tan extremo y cruel.

Con todo, y según se van conociendo más datos de las condiciones en que se encuentran las personas que viven en la casa en que fue encontrada la niña, surge la impresión de que el ayuntamiento ha estado muy lejos de la altura que se le debe exigir ante un caso como el ocurrido. Los servicios sociales municipales conocían desde el mes de septiembre, según las propias declaraciones del alcalde, que en la casa donde estuvo secuestrada la niña al menos vivían en condiciones infrahumanas decenas de personas, muchas de ellas niños, de los que solo vagamente se sabe que están escolarizados, aunque se admite que faltan a clase con frecuencia. El conocimiento, hasta ser ´vox populi´ entre los vecinos, de que en esa casa donde había niños se ejercía la prostitución, no mereció por parte de los servicios municipales ninguna indagación más, por lo que cabe concluir que si los vecinos han mirado para otro lado, esa misma actitud es la que ha mantenido el ayuntamiento, lo cual es más insoportable porque de él depende evitar el desamparo y la marginación dentro del municipio.