Los abogados del ´caso Gürtel´ han reanudado la ofensiva para lograr la nulidad de al menos parte de las actuaciones judiciales sobre esta trama de corrupción vinculada al Partido Popular, la mayor conocida en la época democrática.

El meollo de la cuestión son las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en las comunicaciones de algunos letrados y sus clientes encarcelados. El primer intento de nulidad se presentó ante el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, y el magistrado ya rechazó la petición con el argumento de que igual que se puede registrar un despacho profesional se puede intervenir una conversación si hay sospechas, como creía Garzón, de que los abogados cometían o colaboraban en los delitos.

Pero las defensas sostienen que la ley solo permite la intervención de conversaciones entre clientes y abogados en casos de terrorismo, y ahora han llevado el asunto al Tribunal Supremo mediante una nueva querella --la tercera que le presentan-- contra Garzón, que ha sido admitida a trámite. La importancia de esta nueva querella, más allá del objetivo de inhabilitar al juez, reside en que persigue la anulación de una parte importante del ´caso Gürtel´. El proceso incluye decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y ocultos a Hacienda, una red que implica a numerosos cargos --alcaldes y diputados-- del PP, que presuntamente fueron sobornados por la trama dirigida por Francisco Correa, y la adjudicación a dedo de contratos a las empresas de la red corrupta, entre otros presuntos delitos en los que puede haber también financiación irregular del partido.

Todo imputado tiene derecho a que la actuación judicial se haga con criterios garantistas, pero este principio no puede servir para que todo el montaje mencionado quede en nada. La opinión pública no entendería que eso sucediera y la perplejidad que una decisión así causaría después de todo lo ocurrido con el ´caso Gürtel´ llevaría a la inevitable conclusión de que hay una justicia para unos y otra distinta para otros.

El estupor sería mayor por el hecho de que el otro gran episodio de presunta financiación irregular del PP, el llamado caso Naseiro, descubierto en 1990, fue archivado por el Supremo porque un juez había ordenado escuchas telefónicas persiguiendo un supuesto delito de narcotráfico y no de financiación ilegal. ¿Se repetirá la historia una veintena de años después?