El Juzgado número 2 de Trujillo está investigando un caso de presunta corrupción en Plasenzuela, una pequeña localidad de 550 habitantes y en el que estarían implicados el exalcalde José Villegas; el exconcejal Francisco Crespo, el actual secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y el alcalde de Torremocha, Domingo Galán. El asunto, a tenor de lo que han logrado averiguar los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, es de una extraordinaria gravedad. Basta detenerse en el dato de que las cuentas no cuadran en alrededor de 4,4 millones de euros, lo que quiere decir que, si finalmente la justicia acredita la distracción de fondos, Plasenzuela habría sufrido un auténtico expolio.
Los datos de la investigación que ayer publicaba este periódico son contundentes: Plasenzuela debe a la Seguridad Social 2,2 millones de euros en cuotas no satisfechas por el Ayuntamiento correspondientes a los trabajadores a su cargo (este periódico publicó el año pasado que el consistorio empleaba al equivalente al 10% del censo, 55 personas), la mayoría de ellos en la nómina de la residencia de ancianos. De igual modo, de las pesquisas policiales se desprende que los más de 2 millones de euros que esta residencia recibió entre 2004 y 2008 de la Junta habrían sido sustraídos por el exalcalde en connivencia con el secretario, los cuales, junto al exconcejal Crespo, habrían facturado otros 200.000 euros a la residencia y al Ayuntamiento por la no demostrada venta de productos para ese centro de mayores.
Se trata de prácticas que, si se demuestran, pondrían de manifiesto una continuada conducta delictiva, de lo que se deduce, en primer lugar, la pregunta de cómo no han saltado las alarmas hasta el año pasado, si las primeras sustracciones se habrían producido cuatro años antes. A la vista de los hechos, es fácil concluir que ha habido aquí una falta ´in vigilando´. Falta por parte de todos: de la Seguridad Social, que mes a mes y durante años ha dejado de ingresar las cuotas de decenas de trabajadores de Plasenzuela; de la Junta, porque dio subvenciones y no se ocupó de si el dinero se gastaba en el fin para el que había sido librado; y del resto de concejales, socialistas que han gobernado siempre Plasenzuela, y también del PP, porque éstos tienen la obligación de fiscalizar la gestión de la mayoría.
Pero al mismo tiempo, también hay otro hecho indudable: este asunto está en manos de la justicia porque el sucesor de Villegas, Adrián González, de su mismo partido, tardó apenas una semana en poner en conocimiento de la fiscalía lo que, a la vista de las cuentas, le parecía que estaba ocurriendo en su pueblo. En este sentido, es difícil reprocharle al PSOE su conducta. Y solo a la luz de los códigos de la enconada lucha política entre los dos partidos se puede entender que el PP pretenda endosarle al PSOE ´el caso Plasenzuela´, como quizá pretendió ayer José Antonio Monago al pedir la disolución del ayuntamiento. Menos sostenible es esa posición del PP si, al mismo tiempo, cierra filas en torno a Domingo Galán, su alcalde en Torremocha, con el farisaico argumento de que lo que se le imputa es por su actividad privada, no por su gestión en el consistorio que preside. Un razonamiento incomprensible, porque siguiendo el mismo camino que traza se llegaría a defender a un alcalde que al mismo tiempo es un pederasta, por el hecho de que el abuso de niños no le impide gestionar el ayuntamiento con rigor.
