Han sido noticia estos días las declaraciones de los representantes de los sindicatos del sector de la construcción así como la manifestación organizada en Cáceres a las puertas de la Federación de Empresarios de la Construcción (FECONS). Los sindicatos protestan porque la patronal provincial no se aviene a ratificar la revisión de las tablas previstas en el convenio del sector y que sí fue firmado por la asociación nacional de empresarios.

Como de costumbre, se tilda a los empresarios de explotadores, y se les acusa de haberse enriquecido en épocas de vacas gordas y, en tiempos difíciles, hacer caer el peso de la crisis sobre los trabajadores. Estas acusaciones, no obstante, caen por su propio peso por demagógicas y alejadas de la realidad.

Si examinamos el tejido empresarial extremeño podemos ver que la gran mayoría del sector está compuesta por pequeñas empresas. Empresas que dependen del volumen de trabajo y que, cuando los encargos no abundan, se las ven y las desean para mantener el volumen de empleo. Situación que también se da en las empresas grandes, cuyo volumen de facturación complica sobremanera mantener a los trabajadores contratados.

XMUCHAS DE ESTASx empresas han sido creadas desde abajo por albañiles que, en un momento dado, decidieron pasar de empleados a empleadores, asumiendo un riesgo con el legítimo objetivo de mejorar su nivel de vida y convertirse, a su vez, en proveedores de trabajo para otros nuevos albañiles.

Y ahora nos encontramos con un periodo de grave crisis económica. No hay más que ver los datos para comprobar que el número de licitaciones ha caído en picado. Ya no se venden viviendas y quedan muchas construidas que no encuentran compradores por la falta absoluta de acceso al crédito, lo que hace prever que, al menos en cinco años, el mercado va a estar parado.

Con todo esto, se hace muy difícil mantener los niveles de empleo en las empresas de la construcción. Y si hay algo que puede hacer casi imposible el mantenimiento de este empleo, además de la propia supervivencia de muchas de las empresas, es una subida desproporcionada de los salarios.

Los sindicatos piden que se suban los sueldos un 3,5 por ciento. Esta cantidad se explica por un aumento del 1,5 por ciento adicional al IPC pactada de antemano sumada a la supuesta previsión de inflación prevista por el Gobierno, que era de un dos por ciento. Esta previsión, que no se recoge de forma expresa en la Ley de Presupuestos y que desde el Gobierno niegan que hayan hecho, ha sido totalmente errónea en cualquier caso, pues estamos en un año deflacionario con acusadas caídas de los precios.

Por lo tanto, y basándonos en los números, podemos afirmar que es desproporcionada una subida salarial de seis puntos por encima de la inflación real. Una subida que puede llevar a la ruina a muchas empresas. Pero ¿quién pide esta subida? Desde luego, no el que ve su puesto de trabajo amenazado por la crisis.

Como de costumbre, pide la subida el que tiene asegurado el sueldo. El que, pase lo que pase y despidan a la mitad de los trabajadores de la empresa, seguirán en nómina sin problemas. Son los liberados y líderes sindicales los que se centran en esta desproporcionada reivindicación para hacerse escuchar en los momentos más inoportunos posibles. Unos sindicatos que cierran los ojos ante las crecientes cifras del desempleo, callan ante un Gobierno que los mantiene a base de subvenciones y la emprenden con el débil: con el empresario que se las ve negras para llegar a fin de mes y pagar a los trabajadores que puede mantener. En definitiva, unos sindicatos cuyos representantes se alejan de la realidad y a los que sólo les importa salir en las fotos y seguir viviendo, no del trabajo, sino del cuento.