La Federación Extremeña de Municipios (Fempex) y la Consejería de Educación firmaron ayer un protocolo por el cual la policía local va a controlar, a partir del curso que viene, el absentismo escolar. En algunos municipios de la región, los agentes dependientes del ayuntamiento ya se están encargando de hacer esa tarea, pero la firma del acuerdo entre el organismo que representa a todas las localidades extremeñas y la consejería otorga un rango mayor a ese compromiso. A partir de ahora, serán los ayuntamientos los que aprobarán en Pleno el acuerdo citado, que establece un protocolo de actuación preciso que incluye que los padres del menor que no está en clase deben darse por enterados de esa circunstancia. Este es un punto clave, porque una cosa son los novillos esporádicos y furtivos y otra que la ausencia del escolar sea sistemática.

A un acuerdo así hay que darle la bienvenida. Pero para ser eficaz no basta con aprobarlo en un Pleno. Hace falta que desde los gobiernos municipales se preste la debida atención a luchar contra un fenómeno muy localizado, pero intenso, que afecta sobre todo a familias inmigrantes y las que se dedican a la venta ambulante.

Y desde la Administración autonómica poner los medios para que ningún padre tenga excusa para no llevar a sus hijos a la escuela. Porque casos habrá que las ausencias se deban a la despreocupación de los padres, y en ese supuesto que la Fiscalía los persiga, pero habrá otros en que el motivo no esté tan claro. Y en este caso antes que un fiscal lo que necesita esa familia es resolver cómo dejar a su hijo atendido más allá del horario escolar.