Cetarsa: despidos de difícil justificación

Todo el mundo conoce las dificultades del sector tabaquero después de que la Unión Europea, su principal sostén durante años, haya cancelado parte de las ayudas y solo las permita ahora --y después de una ardua negociación--, a través del subterfugio de los planes de desarrollo rural. El tabaco necesariamente tiene que reconvertirse, pero hay que evitar por todos los medios que lo haga a las bravas, al modo de sálvese quien pueda. Y lo que pretende hacer Cetarsa es a las bravas. Olvidando que se trata de una empresa que forma parte de un grupo público, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y que pertenece a una actividad en la que el dinero de los ciudadanos ha sido imprescindible para el negocio.

Las razones que ha dado la compañía para llevar a cabo esa política de despidos --el descenso de las subvenciones públicas y el aumento al doble del precio que las compañías transformadoras se han comprometido a ofrecer a los agricultores-- ahonda en la idea de que Cetarsa obra sin control. Y con difícil justificación. Las cuentas de la empresa están saneadas: ha dado beneficios ininterrumpidamente durante los últimos siete años, lo cual impide la presentación del expediente de regulación de empleo basándolo en dificultades económicas. Y ahora, al esgrimir las razones que esgrime para justificar el recorte, pretende pasar a 120 trabajadores la factura del sobreprecio pagado a los productores, como si fuera un intercambio de cromos. Por si fuera poco, estos 120 despidos que anuncia es la continuidad de una política de recortes que se ha llevado por delante a un centenar de empleados en el último lustro. Todo ello sin olvidar que el plan de reajuste que plantea Cetarsa encierra un mensaje diametralmente opuesto al que se da desde el propio Gobierno. Máxime si, como se han encargado de destacar desde la compañía a los sindicatos, es inflexible respecto a que afecta a la totalidad de la plantilla fija discontinua de Coria, sin que hasta ahora haya abierto la puerta a la posibilidad de que las bajas incentivadas y las prejubilaciones en el conjunto de la empresa permitiera que trabajadores de Coria mantuvieran el empleo.

La decisión de Cetarsa es un jarro de agua fría a la negociación llevada por Extremadura --bien llevada según los sectores implicados, aunque ahora reciba críticas del PP-- para tratar de salvar un sector estratégico en el norte extremeño. Una negociación que pretendía hacer viable el futuro al conjunto del tabaco, no a unos en detrimento de otros. La Junta, por esta razón, debería hacer valer el hecho de que su esfuerzo ante Bruselas bien vale el esfuerzo compartido de todos. También de Cetarsa. Hasta ahora, sin embargo, la Junta ha dado una respuesta tímida, limitándose a pedir a la transformadora que el daño que haga sea el mínimo posible y presentando el PSOE una iniciativa parlamentaria. No es suficiente.