PNV y EA consumaron ayer en el Parlamento vasco un juego de manos para no cumplir el mandato del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario que reemplazó al ya disuelto de Batasuna. El presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, propuso la disolución a la Junta de Portavoces, la mayoría parlamentaria nacionalista la rechazó, y Atutxa sostiene que con el actual reglamento él carece de competencias para desbloquear el problema y cumplir la orden dada por el Supremo. La cuestión de fondo es si se cumple o no una decisión judicial firme. Al margen de que se tenga una opinión favorable, contraria o reticente a la ilegalización de Batasuna, las sentencias se deben cumplir y, en todo caso, recurrirse. Ante el Tribunal Constitucional, o en Estrasburgo. Es legítimo que el nacionalismo vasco se replantee la Constitución y el Estatuto de Gernika y tenga el objetivo político de modificarlos. Pero lo de ahora parece una insumisión institucional, cuestionando las bases que legitiman a las instituciones autonómicas, y un desafío al Estado. Estamos ante lo que hacía siempre Batasuna y lo que no debería hacer, en cambio, el nacionalismo democrático.
