La red española de vías pecuarias tiene una longitud total de 125.000 kilómetros, ocupando una superficie de 425.000 hectáreas, que viene a ser un 1% del territorio nacional. Se trata de una extensa malla de caminos públicos que, una vez abandonado el uso para el que fueron creadas --la trashumancia-- no han dejado de sufrir todo tipo de ocupaciones, usurpaciones, intrusiones y construcciones ilegales. A pesar de todo, estos espacios de dominio público albergan un interesante patrimonio natural, cultural e histórico, cuya preservación se viene abanderando en los tiempos sin demasiado éxito y con muy poco compromiso político, a mi modo de ver, en lo que se refiere a su mantenimiento y conservación.
Ahora, por si fuera poco, también estos espacios son utilizados como escenarios de enfrentamientos entre dos mundos, cada vez más distantes y antagónicos: uno que se abre paso para sobrevivir en la miseria a cualquier precio y otro, que amparándose en la ley pretende atajar de cuajo un problema que es de todos, a razón de no sé qué motivos, y con métodos --por lo que hemos podido ver en la pequeña pantalla-- no muy acordes con los tiempos que corren y con la imagen de progreso, solidaridad y modernidad, que pretenden mostrarnos cuando se suben a ciertas tribunas.
Estoy de acuerdo en que las construcciones ilegales en una vía pecuaria, deben estar penalizados y perseguidos por la ley, pero desde que entra en vigor y con todas las personas por igual. En este país, me temo que aún hay quien se empeña en aplicar la ley en función de los apellidos, lo que me suena a historias casi olvidadas y me atemoriza pensar que puedan llegar a ocupar ciertas responsabilidades. Desgraciadamente las familias a las que pretenden desalojar en la Cañada Galiana no tienen apellido, pero seguramente tampoco tengan nombre y lo que es peor, su drama no es sino consecuencia directa de las miradas para el otro lado, y de las negligencias que desde hace muchos años se vienen practicando en este lugar.
*Técnico en Desarrollo Rural
