El consejero delegado del Cacereño, Antonio Martínez Doblas, ha decidido dejar el club en hibernación, con cierre temporal de oficinas y congelación de las gestiones de nuevos fichajes. Lo ha dicho en un momento en que mantiene una fuerte disputa con el ayuntamiento a cuenta de las deudas de ambas partes: ayudas públicas por parte del consistorio e impuestos pendientes del club, que ya habrían sido satisfechos después de que el ayuntamiento haya ejecutado un aval de 200.000 euros.

Es una disputa que no conviene ni a la entidad ni a la ciudad y que, por eso mismo, ambas partes deberían hacer un esfuerzo por salir de un círculo vicioso que puede llevar a la ruina de una de las instituciones que en los últimos años había ilusionado a los cacereños.

Un club de fútbol no puede pretender sostenerse con fondos públicos; mucho menos en los tiempos que corren. El Cacereño, por la trayectoria de sus propietarios, seguramente no lo pretende y pide lo que se le prometió, pero la coincidencia en el tiempo entre la asunción de medidas de drástico ajuste y las diferencias con los regidores podría llevar a la conclusión de que una cosa es consecuencia de la otra. Si esa conclusión no responde a la realidad, aunque pudiera parecer que sí, habría que disiparla de inmediato porque hay que reconducir el conflicto hacia el entendimiento para evitar que en este asunto todos pierdan.