El juez Baltasar Garzón ha enviado a prisión a los cinco políticos detenidos en la operación Pretoria, mientras que ha fijado altas fianzas para los tres empresarios implicados y una cantidad menor para Pascual Vela, ejecutivo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. La orden de prisión afecta al exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra; al exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta; al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, al teniente de alcalde Manuel Dobarco, y al exdiputado del PSC Luis García, al que el auto describe como "uno de los máximos responsables de la trama". Garzón justifica una medida tan dura --prisión incondicional-- porque, de seguir en libertad, continuarían "en la misma dinámica", por el riesgo de destrucción de pruebas y porque los imputados "disponen de fondos y realizan actividades fuera de la jurisdicción española". El juez reconoce, sin embargo, que no existe riesgo de fuga.

El auto describe una trama organizada --uno de los delitos es asociación ilícita-- que, básicamente, se dedicaba a conseguir la recalificación de suelo en varios municipios del área de Barcelona --el auto cita tres operaciones y otras que se investigan-- para obtener beneficios ilícitos. El papel de Alavedra y de Prenafeta era el de intermediarios y comisionistas, al igual que el de Luis García, nexo de unión entre políticos y empresarios. Alavedra y Prenafeta, dice el juez, "despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes". Se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, y se detallan los beneficios que obtuvieron. Al alcalde de Santa Coloma, Garzón lo acusa, entre otros delitos, de cohecho por haber cobrado 18.481 euros de un empresario.

Los hechos descritos en el auto son graves y justifican las medidas cautelares adoptadas, aunque hay que recordar que la prisión preventiva debe ser aplicada con prudencia y mesura. Y más cuando contrasta con otros casos recientes de corrupción en los que no se decidió. Ahora lo que procede es proseguir la investigación judicial hasta el final y, tratándose en algún caso de cargos públicos o de militantes destacados, que los partidos políticos actúen tal como anunciaron. Una vez que se conocen los delitos que se imputan a los acusados, no hay ninguna excusa para no tomar medidas.

En contraste con la placidez de que disfruta Fèlix Millet, las detenciones y el traslado a Madrid, exposados, de los detenidos en la operación Pretoria se antojan excesivas.