La moción de censura que 12 concejales socialistas han presentado para derribar al alcalde de Benidorm, del Partido Popular, ha reabierto el caso del transfuguismo, ya que los hasta ahora militantes del PSOE se harán el día 22 con la alcaldía gracias al voto de un tránsfuga del PP. Los concejales rebeldes, entre los que se encuentra la madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, han abandonado el partido para evitar su expulsión en virtud del pacto antitransfuguismo que socialistas y populares firmaron en 1998. Este pacto, que considera el transfuguismo una patología, se firmó en España para impedir que las alcaldías dependieran del cambio de bando político de algunos concejales en medio del mandato. Sin embargo, como ocurre con otros pactos entre las dos grandes fuerzas políticas españolas --el de la justicia, por ejemplo--, los acuerdos se violan cuando conviene a unos o a otros y se convierten en armas arrojadizas entre los dos partidos.

Es lo que está ocurriendo ahora. Con fuertes intereses urbanísticos detrás, Benidorm tiene una arraigada tradición transfuguista, ya que Eduardo Zaplana accedió en 1991 a la alcaldía gracias a un tránsfuga socialista. El PP dice ahora que aquello pertenece al pasado y denuncia la inmoralidad de lo que va a ocurrir dentro de una semana advirtiendo a José Luis Rodríguez Zapatero de que solo una declaración suya en la que asegure que los disidentes socialistas no volverán a ser acogidos en el PSOE servirá para calmar la tormenta.

El PSOE, por su parte, replica que el PP no puede dar lecciones a nadie porque en 11 años ha violado nada menos que en 21 ocasiones --cuatro recientes en la misma provincia de Alicante-- el pacto antitransfuguismo, sin que, además, haya expulsado a los concejales tránsfugas. Produce desolación que el PSOE y el Partido Popular se enzarcen constantemente en peleas con el único argumento del "...y tú mas". En este contexto, el exportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm y futuro alcalde de la ciudad, si prospera la moción de censura, Agustín Navarro, ha asegurado que "no está previsto" que los 12 concejales que firmaron la moción vuelvan al PSOE. Asimismo, sobre si van a concurrir a las próximas elecciones municipales sostiene que : "no puedo hablar por mis compañeros, pero yo sí que no me voy a presentar".

La Constitución española otorga a los cargos electos un mandato imperativo que depende de los electores y no de los partidos. Quiere ello decir que los rebeldes conservan el cargo, aunque sean enviados al grupo de "no inscritos", sin las ayudas económicas que les corresponderían en el Grupo Mixto. Por este motivo, la solución no es de por sí fácil, pero lo es mucho menos cuando los partidos no aplican las decisiones intimidatorias contenidas en el pacto que suscribieron.