WEwl ministro del Interior, José Antonio Alonso, compareció ayer en el Congreso para informar sobre la actuación de su departamento en el caso Roquetas. Sus explicaciones sobre qué decisiones ha tomado en función de la información de la que iba disponiendo resultaron convincentes.

Y no queda ninguna duda de que se tuvieron que superar resistencias, hasta el punto de que el teniente acusado de la muerte de un detenido insinuó a sus superiores que, de saber que su agresión había quedado registrada en las cámaras del cuartel, habría borrado la grabación que ya había intentado ocultar.

Alonso, en cambio, no llegó a despejar las dudas sobre el celo con que abordó el caso el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

Mientras, el Partido Popular lanzó un doble reproche contra el ministro. Por un lado, el de no haber actuado con suficiente rapidez y diligencia en un primer momento. Por el otro, el de haber vulnerado de forma precipitada la presunción de inocencia de los afectados, poniendo en peligro el buen nombre de la Guardia Civil. Inevitablemente, los populares se quedaron solos en la defensa de una línea argumental que no brilló por su coherencia.