Es una buena noticia que la policía autonómica, por fin, pase a formar parte del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el organismo de análisis de la información que recaban las fuerzas de seguridad sobre terrorismo y crimen organizado. Lo que resulta inexplicable e inadmisible es que la policía catalana haya tardado tanto tiempo en formar parte de este crucial órgano gestor de la seguridad de los ciudadanos. Cabe, pues, felicitarse, pero sin olvidar que durante ocho largos años (los que ha tardado en reunirse la Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano de coordinación entre el Ministerio de Interior y la consejería) la seguridad ha sido un peón de la polémica política. La reunión se ha celebrado porque el presidente de la Generalitat forzó la mano del ministro del Interior al convocarla de forma unilateral. Que el número dos de Juan Ignacio Zoido atribuyera a la «falta de confianza» el hecho de que la junta no se reuniera -en clara alusión al proceso soberanista- fue el último acto de irresponsabilidad antes de la reunión. Cabe confiar de que el sentido de Estado y la responsabilidad ante la ciudadanía imperen y que no se repitan episodios como el de la Junta de Seguridad. El anunciado choque de trenes y de legitimidades a cuenta del procés no debe afectar a los Mossos, a los que no se debe ni excluir de foros cruciales en plena ofensiva yihadista ni exigir que no cumplan la ley. La policía está al servicio de la ciudadanía, no de la táctica política.