En el mercado de la información hay una oferta muy amplia y son muchos los días en que hay que elegir. Ahora mismo, ante el columnista aparecen dos temas, que claramente merecen ser tratados en este espacio. Son la apoteósica proclamación del señor Josep Piqué como aspirante a la presidencia de la Generalitat catalana y la reclamación de una indemnización al Ministerio del Interior de los 11 inmigrantes de Girona, que en enero fueron detenidos como supuestos terroristas de Al Qaeda. El columnista se decide por el segundo. El circo electoral del PP ya volverá.
Hay que estar al lado de los reclamantes. Los indicios que detectó la policía para detenerles no eran otros que su aspecto magrebí y el ser de confesión musulmana. Los agentes los detuvieron en Banyoles y de ahí el nombre de operación Lago, por la que algún jefe seguramente fue felicitado. Se les confiscaron materiales que se calificaron de peligrosos, por creerse que podían usarse para preparar atentados, que resultaron ser aceite de oliva, detergente en polvo y papillas infantiles. Los detenidos se pasaron dos meses en la cárcel sin cargos y el mismísimo señor Aznar se refirió a la conexión banyolense como prueba de la amenaza del terrorismo islámico, razón por la cual había que apoyar la guerra contra Irak. Piden unos 23.000 euros cada uno y se quedan cortos. La España rumbosa, que pagará lo que sea cuando llegue de EEUU la factura de la guerra, ha de indemnizar a esa pobre gente. Los errores se pagan y a ver si así se deja de identificar inmigración con delincuencia, si se pone más cuidado a la hora de detener y si dejan de inventar historias.
