El mismo día en que entra en vigor la norma que garantiza el derecho de los usuarios de cajeros automáticos a conocer al detalle el coste de las operaciones que realizan, con la posibilidad de renunciar antes de ejecutarlas, se recorta parte de su eficacia. Es contradictorio que las entidades financieras que exhiben su potencia tecnológica --somos el país europeo que mejor ha desarrollado la banca electrónica-- argumenten que, en algunos casos y para determinadas operaciones, sólo proporcionarán una parte de esa información, pues necesitan seis meses más para acabar de ajustar los cajeros. Y es ilógico que el Gobierno del Partido Popular se lo acepte.
Sabemos que la comodidad de acceso a los cajeros tiene un coste para cajas y bancos. Pero muchos usuarios no quieren seguir pagándolo con los criterios abusivos que ha impuesto buena parte del sector financiero al fijar las comisiones de cada operación, o sin saber lo que les cuesta utilizar las máquinas. Recordemos que incluso se cobra un recargo por utilizar un cajero ajeno al del banco o caja donde se tiene la cuenta aunque en la mayoría de los casos la titularidad de la red telemática esté compartida por ambas entidades. Hoy es un buen día para los usuarios.
