Los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a varias asociaciones de la industria alimentaria puede que no logren sustanciar las acusaciones de concertar precios dirigidas contra ellas, pero sirven para implicar a la Administración en un problema que alcanza a todos los consumidores: el desaforado encarecimiento de los alimentos más allá de toda causa razonable. Es posible que no haya forma de probar prácticas contrarias a la transparencia del mercado y la libre competencia, lo cual no significa que no existan, que sean del dominio público, que repercutan en el bolsillo de los ciudadanos y que, finalmente, puedan corregirse, al menos en parte, mediante una actitud más vigilante y amenazante de la CNC. En cualquier caso, la investigación es una necesidad objetiva para corregir el desenfreno inflacionista, que castiga en primera instancia a las economías más modestas. De las dificultades que deberá afrontar la CNC para esclarecer el asunto da idea la disposición del Gobierno de proteger a los testigos y a quienes faciliten pruebas. El exejecutivo de una multinacional de la alimentación que esta semana envió un correo electrónico a la SER en el que reconocía que la concertación de precios es una práctica habitual, en la que él participó, no ha hecho más que levantar el pico de la alfombra, con todas las reservas que requiere el caso. Pero no hay que esperar que cunda el ejemplo, sino que, por el contrario, la opacidad y las tácticas dilatorias sean la norma. Las iniciativas de Bruselas y de países de la UE para combatir la concertación de precios han topado siempre con estos obstáculos y constituyen precedentes a tener en cuenta.