El plan de empleo presentado ayer por la consejera Esther Gutiérrez en la Asamblea de Extremadura requiere de un análisis sosegado, con todos los datos encima de la mesa, y por lo expuesto hasta ahora no deja de ser una declaración de intenciones que se supedita al apoyo implícito del Gobierno central. Se sabe la cantidad que se quiere invertir, 460 millones de euros en 4 años, pero se desconoce cuándo se pretende poner en marcha o el grado de colaboración que se precisa del Estado. Lo único aclarado es su reparto: 120 millones en formación y 340 millones en ayudas a la contratación. La presentación por el momento resulta, en consecuencia, una propuesta que ha servido de estrategia para cambiar el foco político del Parlamento, donde, a instancias del PP, se pretendía juzgar la actuación del Ejecutivo de Vara en materia de empleo después de los malos datos registrados en la EPA del último trimestre del 2016. Aunque los populares no pueden dar lecciones, dado que durante su acción de gobierno sus registros en materia de empleo no fueron buenos, lo cierto y real es que se trata de una materia sensible que afecta a 141.000 parados y es exigible que el gobierno actual dé respuestas de manera urgente.
