Algo debemos estar haciendo mal cuando un concurso público como el del transporte sanitario de Extremadura se lo lleva una empresa foránea, en este caso andaluza, dejando fuera a las siete empresas extremeñas del sector agrupadas en un consorcio. Máxime cuando el adjudicatario, por ahora provisional, tiene que subrogarse los 842 trabajadores actuales del sector, que tienen una certificación adecuada a sus labores y empleos directos, así como la prestación de un buen servicio a los extremeños. Desde el Gobierno regional se tiene que buscar la fórmula que permita ‘salvar’ los muebles en esta región, cuyas empresas, en muchos casos incipientes y en otras con debilidad después de los años de crisis, no cuentan con herramientas suficientes para competir en igualdad de condiciones. No se trata de acuñar en piedra la frase de ‘Extremadura, para los extremeños’, formamos parte de un país donde existe libre mercado; además no se puede incumplir la ley pues las mesas de contratación formadas por técnicos fallan sobre las cuestiones dispuestas en un concurso público. Sin embargo, sí se podrán arbitrar fórmulas que generen arraigo al territorio o de otra índole pues, de lo contrario, en pocos años no habrá nada propio.
