La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a siete meses y medio de prisión al oficial de la Policía Local de Cáceres Ramón Alvarez Rebollo por considerarlo culpable de un delito de amenazas agravadas por su condición de agente de la autoridad sobre los dueños de una empresa de automoción que no quisieron vender a la Asociación de Vehículos Clásicos de Cáceres, de la que es socio el condenado, una vieja furgoneta.
El hecho de que el tribunal haya absuelto al condenado de los delitos de coacciones, hurto de uso y prevaricación, de los que era acusado por el Fiscal y el acusador particular, no resta un ápice de gravedad a la conducta de Alvarez Rebollo. El que un policía, vestido de uniforme y llegando a la empresa en un coche de la Policía Local, diga tras una tensa conversación que si no acceden a venderle la furgoneta que se atengan a las consecuencias, es una conducta de todo punto reprobable, con independencia de que la posterior retirada de esa furgoneta por la grúa se pueda interpretar o no, como ha hecho la Audiencia, como la materialización de esa amenaza. La sentencia, que no es firme, debería ser tomada por el Ayuntamiento como una seria advertencia de que no puede tolerar en un servidor público un comportamiento como el exhibido por Alvarez Rebollo. Y no porque ensombrezca la labor del cuerpo policial en su conjunto, sino porque rompe la esencia básica del trabajo policial, que es el de proteger a los ciudadanos y cumplir escrupulosamente con la ley.
