El endurecimiento del castigo para los conductores temerarios que ponen en peligro a los demás ha dado un paso más esta semana en el Senado, donde se tramita la revisión del Código Penal para las infracciones de tráfico. En ese proceso, ha aparecido la discusión de un supuesto singular: ¿cómo se puede castigar a quienes no tienen carnet pero que conducen y causan daños a terceros al frente de un vehículo? La voluntad de los legisladores es que vayan a la cárcel. Pero si cada año se denuncia a 30.000 ciudadanos por conducir sin carnet --y que si fueran solo el 10% de los previsibles se trataría de 300.000 infractores--, hay que apelar a la sensatez: debe darse un periodo de gracia para imponer la pena de cárcel a quienes conducen sin carnet por razones ancestrales, desde los vecinos de poblaciones rurales con tractor o camioneta, hasta colectivos singulares en el uso del automóvil en desplazamientos cortos.
Pero nada más. La cruda realidad refleja que cada año se registran 500 muertos provocados por esos ciudadanos al volante que no se enteran de sus obligaciones mínimas de obtener el permiso de conducir, además de los cada vez más frecuentes casos de accidentes mortales provocados por menores que se llevan el coche de sus padres sin su conocimiento. Los efectos inmediatos de esta actitud incívica no solo afectan a las víctimas directas, también obligan a un cálculo incierto de las pólizas de seguro que perjudica a todo el colectivo de conductores. Para la recuperación de la disciplina del tráfico no bastan las multas de gran importe, la retirada de puntos o la amenaza de cárcel, pero todas ellas forman parte de la solución a un problema de enorme magnitud.
