XExn un Estado profundamente descentralizado como el nuestro, son necesarios múltiples órganos de coordinación territorial que permitan el funcionamiento de una administración eficaz, dada la distribución competencial que nuestro marco constitucional sanciona y los distintos estatus recogen, incluso atendiendo al origen legal de las mismas, entre propias y delegadas por el Estado, o a su distribución funcional, entre exclusivas de las CCAA, compartidas y exclusivas del Estado. Todo ello aconseja la creación de órganos de coordinación o instancias de coordinación.
La Constitución es parca en la creación de órganos de coordinación territorial, previendo básicamente la creación de conferencias sectoriales, formadas por los consejeros autonómicos de una materia determinada y el ministro del ramo correspondiente. Sin más indicación, las conferencias sectoriales autorregulan su funcionamiento. Son órganos básicamente políticos, pero de los que pueden derivar decisiones administrativas de obligado cumplimiento, con la salvedad de que a veces es muy difícil distinguir en la práctica decisiones políticas de decisiones administrativas. En cualquier caso las partes conservan lógicamente sus campos competenciales, que están recogidos por la Constitución o por las leyes orgánicas de sus respectivos estatutos. El distingo entre coordinación potestativa y coordinación imperativa , y su consecuente aplicación, a la gobernanza del Estado, no se explicita como tal en nuestro ordenamiento jurídico, lo que no deja de ser un vacío que convendría legalmente llenar, y no dejarlo al albur de la buena voluntad de las partes, aún reconociendo lo delicado del tema, máxime con las hipersensibilidades que esta cuestión suscita en algunos territorios.
Todo lo que no esté en nuestro ordenamiento jurídico, a efectos de coordinación territorial, son actos que nacen de la voluntad política de resolver problemas, y cuando se hacen al más alto nivel del Estado y de las comunidades autónomas, de solucionar grandes problemas, y así tendríamos que entender la llamada Conferencia Sectorial, entre el jefe del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas. El hacerlo en las dependencias del Senado, nuestra cámara territorial, apunta intenciones de consagración de la misma, lo que en principio puede ser un acierto. Sin embargo, el distingo entre lo jurídico y lo político, debe ser siempre muy nítido. Tanto respecto a la jerarquización de sus miembros, como a sus decisiones.
En primer lugar, no es una asamblea de interpares, ni puede asumir elementos medievales, como aquello de vos sois más que nos, pero juntos todos nos somos más que vos , ni tampoco sus decisiones, por unánimes que sean, se sustraen de los órganos soberanos del Estado, o éstos quedan reducidos a la mera tramitación administrativa legal de lo decidido. El Gobierno del Estado en su campo y las Cortes en el suyo, deberán tener siempre la última palabra, aunque sin duda que una decisión política tomada en la Conferencia de presidentes, tendrá siempre una posibilidad muy alta de materialización por el consenso político con el que se impulsa.
El último sábado se ha celebrado una de estas conferencias de presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno para debatir sobre un tema de mucha envergadura, como es la financiación de la sanidad pública. Viendo las cosas con perspectivas de fondo, lo más importante es que la reunión en sí se haya producido. Mejor, sin duda, hubiera sido que se alcanzase el consenso buscado, pero los ciudadanos debemos acostumbrarnos, a que estas conferencias, por la dificultad de los temas que abordan, acabarán más de una vez, con un resultado incierto, y tenemos que ser prudentes a la hora de atribuir éxitos o fracasos. Como, por otro lado, irán lógicamente mejorándose los elementos procedimentales de carácter colateral. La explicitación de posiciones y la concreción cuantificada de los mismos, en una cuestión tan delicada como la financiación pública de la sanidad constituye, ya en sí, un elemento a valorar muy positivamente.
*Ingeniero y director generalde Desarrollo Rural del MAPA
