WLwa decisión del juez Grande-Marlaska de admitir la querella de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), pasando por alto la rotunda oposición del fiscal, es un hecho que puede calificarse, cuando menos, de sorprendente. La fiscalía, en uno de los escritos más fundados de este tipo de alegatos, dejaba claro que EHAK fue en origen una escisión de Batasuna, y que no cumplía ninguna de las nueve condiciones del Supremo para poder considerarla como su heredera. El juez, sin embargo, ha preferido guiarse por los genéricos argumentos de la denuncia de la AVT y, conocida su trayectoria, quizá también por sus convicciones personales.
La Audiencia nos ha acostumbrado en los últimos tiempos a una cierta confusión en sus pronunciamientos, sin una línea doctrinal coherente. Quizá tenga que ver con su condición de instancia judicial especial, cuyas funciones llevan tiempo necesitadas de una profunda revisión. En todo caso, en el seguro recurso que acabará planteándose, el Supremo tendrá la oportunidad de definir la jurisprudencia sobre éste y otros casos semejantes. Está en juego la seguridad jurídica de la actividad política de todo un país.
