Por más que se esfuerzan, ni el Gobierno ni el PSOE logran aclarar la política económica que defienden. La confusión creada es tal que prácticamente lo único que los ciudadanos han percibido de las intenciones del presidente Rodríguez Zapatero es que no va a tocar la política social, es decir, que la crisis no va a hacer que se reduzca el gasto destinado a los más necesitados. El resto es una incógnita.

La ejecutiva del PSOE tampoco sirvió el lunes para aclarar las cosas. La dirección del partido suscribió la anunciada subida de impuestos, "temporal y limitada", como avanzó el presidente del Gobierno, pero eso es lo único que se sabe hasta ahora, además de que afectará a las rentas del capital y no a las del trabajo ni al impuesto de sociedades, que, si acaso, bajará.

Pero con un incremento fiscal de dos puntos en las rentas del capital (del 18% al 20%) se recaudarán solo unos 800 millones de euros. ¿De dónde saldrá el resto si el Gobierno necesita 25.000 millones de euros para equilibrar los presupuestos? Aunque tampoco se ha confirmado, se da por hecho que se suprimirá el regalo fiscal de 400 euros anunciado en vísperas electorales y que ya desató una gran polémica por su carácter lineal. Eso representa 6.000 millones, a los que se pueden añadir algo más de 2.300 si se congela el sueldo de los funcionarios.

Pero las cuentas siguen sin cuadrar. Las declaraciones de que la presión fiscal es más baja que en el mandato del PP parecen destinadas a justificar alguna otra subida (algunos expertos aconsejan aumentar de dos a tres puntos el IVA, pero eso frenaría aún más el consumo). Sin embargo, al mismo tiempo, los portavoces oficiales destacan que la deuda española está aún 20 puntos por debajo de la media de la UE, lo que se compadece mal con las rotundas afirmaciones de que, excepto en política social, va a haber austeridad en el gasto.

Frente a la confusión reinante, al PP solo se le ocurre proponer una rebaja de impuestos, sin explicar ni un ápice cómo equilibraría el presupuesto si gobernase y sin admitir que se vería obligado a recortar el gasto social.

Pero la falta de una alternativa creíble no exime al Gobierno de Rodríguez Zapatero de tomar decisiones claras en política económica, sin escudarse en que las medidas se van a negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, como antes se refugió en el diálogo social, finalmente fracasado, para no pronunciarse sobre la reforma laboral. Aunque se prime la negociación, el Gobierno debe gobernar.