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Editorial

Consecuencias más que tangibles

 

26/09/2017

El despliegue de todas las capacidades del Estado de derecho avanza cada día con determinación ante la proximidad del 1 de octubre, la fecha prevista para el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Ayer mismo se vio que las denuncias y los procesos judiciales acaban teniendo consecuencias tangibles para quienes exhiben, además de practiar, su desobediencia a las leyes amparadas por la Constitución.

Por un lado el Tribunal de Cuentas ha decretado una fianza de 5,2 millones de euros que deberán depositar en el plazo de 15 días Artur Mas y los tres exconsellers condenados por la organización de la consulta del 9-N del 2014. La resolución de este ente administrativo se produce por el uso indebido de fondos públicos e implica el embargo de los bienes de los infractores en el caso de que no depositen la fianza que se convertirá en multa cuando se resuelva el expediente, cosa que en el caso de este tribunal acostumbra a llevar años. De momento, hay que aplaudir la diligencia en la asunción de estas medidas provisionales por parte de un tribunal habitualmente lento y que abren el camino a las muchas que se pueden producir en los próximos meses cuando acaben los procedimientos penales y civiles de múltiples casos de corrupción, tanto en Cataluña como en el resto de España. De momento, la fianza es un claro aviso a navegantes, sean políticos o funcionarios, ante la obstinación del Gobierno de Carles Puigdemont para intentar celebrar el referéndum del 1 de Octubre suspendido por el Tribunal Constitucional con los mismos argumentos que desmontó el 9-N.

Por otro lado, y también dentro de la normalidad institucional que algunos quieren perturbar, ayer se reunió el nuevo organismo de coordinación policial instaurado por la Fiscalía para impedir la celebración del 1-O. Finalmente los Mossos aceptaron la dirección técnica que corresponde a un mando del ministerio del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien coordinará la ejecución de las órdenes del fiscal. La primera que ha recibido la policía catalana ha sido la de identificar y tomar testimonio a todos los reponsables de los centros de votación que la Generalitat difundió la pasada semana. Los Mossos deberán pedirles si han sufrido coacciones y recordarles que los colegios electorales no se pueden constituir. Tangible.