Y van treinta. Cada año por estas fechas disfrutamos del puente o del fin de semana prolongado que produce la proximidad de la fiesta religiosa de la Inmaculada y en los medios se hacen artículos, balances y análisis muy positivos de la Constitución, y no seré yo el que los minimice. En alguno como en el de este año, tras el último crimen de ETA, tenemos que hacer más hincapié en los valores de convivencia democrática y pacífica que consagra la Carta Magna.
No obstante, a pesar del treinta cumpleaños, no es exagerado afirmar que la Constitución sigue siendo una gran desconocida. Sabemos, claro, que regula nuestra democracia, que reconoce todos los derechos, que permite la alternancia política, que ha consolidado la monarquía, que ha organizado el país en comunidades autónomas...y sabemos que en estos treinta años ha habido épocas de bonanza y otras épocas, como la actual, de incertidumbre y grave crisis económica.
Es perfectamente comprensible que los ciudadanos españoles no establezcan ninguna relación entre la Constitución y la situación económica, buena o mala, del momento, y en consecuencia puede resultar llamativo o sorprendente que alguien se acuerde de la Constitución como herramienta útil para luchar contra la crisis. Para los no expertos, la Constitución tiene partes que son casi desconocidas. Entre estas partes que son más desconocidas y que los expertos eluden u olvidan está el Título VII, el que se refiere a la Economía y Hacienda.
XESTE TITULO VIIx tiene sólo 9 artículos, del 128 al 136, lo cual en un texto amplio de 169 artículos no es mucho tratándose de un tema de tanta importancia. Aún así, estos nueve artículos no tienen desperdicio. Veamos.
El 128 empieza "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Además, "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales". Un poco más adelante, en el 130 y 131, "los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y el Estado podrá planificar la actividad económica general para estimular la creación de riqueza y su distribución más justa".
¿Sorpresa? No, no es un extracto de ningún manual jacobino o izquierdista, es ¡el texto constitucional!, y lleva 30 años escrito, dormido, esperando que algún gobierno inspirado por el interés general y la distribución más justa de la riqueza tenga la voluntad de utilizar las posibilidades que le da la Constitución.
Los gobiernos elegidos democráticamente, y todos los nuestros en los últimos 30 años lo han sido, son los legítimos intérpretes del interés general y es evidente que pueden actuar, intervenir, planificar... en la riqueza del país. Con el mismo texto constitucional, los gobiernos pueden tomar las riendas de la economía o lavarse las manos y dejarlo a los mercaderes y los bancos que obviamente buscan su propio interés y no el interés general. Puedes intervenir en el mercado financiero o dejar que todo el país acabe hipotecado hasta las orejas. Con la misma Constitución puedes poner un impuesto a las grandes fortunas o quitar el Impuesto de Patrimonio que sólo lo pagaban los ricos. Se puede controlar el mercado del suelo para facilitar el acceso a la vivienda o se puede dejar en manos de los Poceros y Martinsas que ya sabemos lo que hacen.
En estos 30 años de Constitución, el Título VII ha quedado inédito. Ni el PSOE ni el PP, en un caso nos extrañaría menos que en otro, han querido tocar esos instrumentos que les da la Constitución y la han aplicado con los mismos criterios, la misma filosofía económica que hoy está en quiebra flagrante y que ha llevado a la situación de paro galopante, endeudamiento familiar, angustia e incertidumbre... a los de siempre, a las capas sociales más desfavorecidas. No basta con decir que la crisis es global y que la culpa es de la avaricia humana que no tiene límites . ¿Ahora se dan cuenta?
El Gobierno actual reaccionó tarde (¡recuerden los juegos de palabras que se inventaron para no decir la palabra maldita de crisis!) y en sólo cinco meses ya llevan hasta siete paquetes de medidas coyunturales y apresuradas que serán perfectamente inútiles si no se abordan las causas de la crisis, si no cambia de filosofía, si no se plantean medidas de largo alcance que apunten a un cambio de modelo económico, orientado por el interés general y la distribución más justa de la riqueza.
¿No es esto lo que ahora dicen todos que hay que hacer? Con la Constitución en la mano, hágase. Utilicemos la Constitución contra la crisis. ¡Viva la Constitución!
