WLw a conmemoración, ayer, del treinta aniversario de la Constitución Española sirvió para mostrar a una clase política en general satisfecha con la estabilidad dada por la Carta Magna a la vida del país --inusitada, si se contempla la atormentada historia española de los dos últimos siglos-- pero que admite su incapacidad para llegar a acuerdos de fondo que permitan una reforma de la llamada ley de leyes.

Es más, la propuesta de cambiar cuatro aspectos de la Constitución planteada por el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004 permanece encallada, pese a la modestia de sus planteamientos.

Se trataba entonces de alterar el artículo relativo a la sucesión de la Corona, de manera que resultaran equiparados los derechos de hombres y mujeres; abordar la reforma del Senado para que de verdad fuera una Cámara de representación territorial; enumerar las comunidades autónomas españolas, y hacer una referencia a la nueva realidad europea de la que España forma parte.

Pues bien, es poco probable que en esta legislatura se abra el melón de la reforma de un texto que ha sido muchas veces elogiado como norma de convivencia tras una sangrienta dictadura franquista, pero que cada vez cuenta con menos abiertos defensores.

Vista con la perspectiva de 30 años, la Constitución Española ha establecido con eficacia un adecuado marco político en nuestro país. Por eso su retoque debe ser abordado con lógica prudencia. Pese a que no es ni debe ser un texto inamovible, su reforma debe servir a los españoles para solucionar problemas y no para crear otros nuevos. Por tanto, conviene estar tan lejos del inmovilismo como de las aventuras de incierta salida.

Por lo demás, la actividad criminal de la banda terrorista ETA marcó --como el año pasado por el atentado que tuvo lugar en Capbreton o en el 2006 por la ruptura de la tregua-- la jornada, como un recordatorio de que las reglas de juego asentadas hace tres décadas siguen siendo dinamitadas por un grupúsculo terrorista, pero que opera desde el mismo territorio en el que existe un nacionalismo democrático que se siente al margen de Carta Magna.

Cualquier reforma a fondo del texto constitucional que se quiera emprenderse a partir de ahora debe tener como objetivos la resistencia ante el chantaje terrorista pero a la vez la inequívoca voluntad de integración de los nacionalismo históricos, singularmente el vasco, en contra de lo que pregonan algunos aprendices de brujo que plantean retoques de corte centralista.