WAw lgo más que la reforma de la ley electoral debería acometerse para hacer cumplir el deseo del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de que en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos gobierne la lista más votada o haya una segunda vuelta, como ocurre en Francia. Se trata de una propuesta que, según el jefe de la oposición, se ampara en el descontento de parte de la ciudadanía por la política de pactos y alianzas entre partidos.

Solo las elecciones locales no están amparadas por el precepto constitucional que impone un criterio de representación proporcional en la designación de los representantes del pueblo, por lo que bastaría con modificar la ley electoral general para cambiar los procedimientos actuales. Pero Rajoy debería saber que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en cambio, se eligen, en estricto acuerdo con la Constitución, como el Congreso de los Diputados --"con arreglo a un sistema de elección proporcional"--, y que el presidente de la comunidad es "elegido por la Asamblea, de entre sus miembros". Por tanto, sus deseos implican una reforma de la Carta Magna, seguida de la de todos los estatutos de autonomía y de las leyes electorales aprobadas por las autonomías. La "segunda vuelta, al estilo francés" implica un sistema mayoritario. Y la adjudicación del Gobierno a la lista más votada sustrae al Parlamento autonómico las competencias constitucionales.

Atribuir el poder a la lista más votada sin modificar el sistema de elección de la Asamblea, o del consistorio en el caso de los ayuntamientos, llevaría de hecho a consagrar el gobierno en minoría, y, por tanto, apostar por la ingobernabilidad o, en el mejor de los casos, por una inestabilidad institucional que haría que la gestión eficaz que se le debe a los ciudadanos se resentiría. ¿Cómo sería el gobierno municipal de Cáceres de un José María Saponi que tuviera que pactar, punto por punto, cada uno de los que sometiera a pleno? Posiblemente, los ciudadanos le demandarían una estabilidad que tal vez él no estuviera en condiciones de garantizar, a la vista de como es la política cacereña.

Existen soluciones, claro está: que la lista más votada obtenga automáticamente la mitad más uno de los representantes, pero eso, que podría utilizarse para los ayuntamientos, sería más complicado para las autonomías, porque la proporcionalidad quedaría entonces arrasada.

En el fondo, lo que subyace en la iniciativa de Rajoy es un intento de caminar hacia el bipartidismo y acabar con la representación institucional de otras opciones políticas que no son tan potentes como para alcanzar el listón que se les exige.

Y con partidos minoritarios condenados a ser extraparlamentarios, el poder recaería necesariamente en el PSOE o en el PP. La izquierda es más plural que la derecha, por lo que el principal beneficiario del bipartidismo sería el partido de Rajoy, que además ha convertido en tierra quemada su política de alianzas. Es de esperar que el PSOE, cuyo concurso es imprescindible para esa reforma, no caiga en la trampa.