Es triste constatar que una circunstancia --por otro lado tan desgraciadamente natural y previsible-- como el fallecimiento de un magistrado puede tener profundas consecuencias políticas que afectan a leyes fundamentales del Estado. Es triste, pero cierto. Lo es en el caso de Roberto García-Calvo, miembro del Tribunal Constitucional desde el año 2001 y cuya repentina muerte se conoció el domingo. Y lo es sobre todo porque García-Calvo mantenía posiciones próximas al PP, partido por cuya voluntad llegó al tribunal, en muchos de los recursos presentados en la anterior legislatura.

El Tribunal Constitucional hace ya tiempo que se ha convertido en un campo de batalla en el que se pelean los magistrados alineados en dos bloques, el conservador y el progresista, que vienen a defender, respectivamente, las tesis del PP y del PSOE. El gran equilibrio entre ambos bloques --fruto del mecanismo político de elección de los magistrados-- ha convertido de hecho al Constitucional justamente en lo que no se pretendía que fuera: un falso árbitro, ya que sus decisiones son casi siempre previsibles porque tienen más que ver con las posiciones previas de los dos grandes partidos de ámbito nacional que con las reflexiones de quienes tienen el importantísimo mandato de velar por el orden jurídico-político recogido en la Constitución de 1978.

En su soledad política y en el laberinto en que él solo se metió tras las elecciones del 14 de marzo del 2004, el PP decidió como línea estratégica llevar su tarea opositora al ámbito del Tribunal Constitucional. Así, recurrió muchas de las leyes promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y otras, como el Estatuto de Cataluña, contra las que desplegó toda su artillería jurídica, a pesar de que había sido aprobado no solo por el Parlamento catalán sino también por el Congreso de los diputados. Impugnado por el PP y por el Defensor del Pueblo, el Estatut es, con toda seguridad, el asunto más candente de cuantos tiene entre manos el Tribunal Constitucional, pues al socaire de ese pronunciamiento se han sucedido escaramuzas en forma de recusaciones de magistrados del bando contrario (recuérdese la recusación contra el en otro tiempo decano de la Facultad de Derecho de la Uex, Pedro Pérez Tremp), las cuales habían dejado al Tribunal Constitucional con una mayoría conservadora, signo que cambia con el fallecimiento de García-Calvo.

Pero, aparte de la significación política de los asuntos que tienen sus integrantes en sus despachos, cabe señalar que España se merece un Tribunal Constitucional respetable que esté por encima del rifirrafe político. Urge, en este sentido, que la renovación del tribunal se produzca cuanto antes y guiada por unos principios diferentes de los que, sin duda, han rebajado la calidad de nuestra democracia. En este sentido, el nuevo clima político entre los dos grandes partidos está propiciando conversaciones para tratar de desbloquear la renovación de los órganos más importantes de la judicatura. Bienvenidas sean.