Hay que leer con la máxima atención la nota conjunta de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre los atentados de Barcelona y de Cambrils. No solo para encontrar argumentos en la miserable batalla política que se está organizando sobre los hechos acaecidos. Sino para ir al fondo de la cuestión: la coordinación entre las policías en España. Los sindicatos recuerdan, entre otras cosas, que la norma legal que regula actualmente la coordinación entre cuerpos policiales es anterior al traspaso de competencias al País Vasco y a Cataluña en materia de seguridad ciudadana. Y dicen los sindicatos que tan errónea es la falta de presencia de la Guardia Civil en la explosión de Alcanar como la falta información a los Mossos sobre los antecedentes del imán de Ripoll. Los sindicatos acaban lamentado, con razón, que se utilice la seguridad ciudadana como instrumento político para simular una «estado autosuficiente».

Lamentablemente no les falta razón. A pesar de la contundente actuación de los Mossos tras el atentado de La Rambla y de su actuación en el de Cambrils, flota en el ambiente un resquemor latente que nada tiene que ver con las proclamas públicas de unidad. Tiempo habrá de analizar lo que ha pasado pero es evidente que una situación extrema como esta pone al descubierto carencias de fondo. Una parte de la Administración del Estado sigue siendo reticente a considerar las instituciones autonómicas como propias. Y en igual medida, algunos partidos prefieren gestionarlas como el embrión de un «estado propio» en lugar de considerarse corresponsables del actual Estado. Esta dinámica, como denuncian los sindicatos, contamina la actividad de los cuerpos que a menudo, no nos engañemos, actúan también con ciertas dosis de corporativismo, respecto a los Mossos y la Ertzaina pero también entre Policía Nacional y Guardia Civil.

La seguridad de los ciudadanos debería quedar al margen de estas dinámicas. Esa es el mejor lección de Barcelona y de Cambrils. Como piden los sindicatos, sería necesaria en este caso una nueva ley. Y también gestos de distensión política. Incluso en la hipótesis de un estado independiente tendría todo el sentido que el Parlamento catalán reconociera a la Policía Nacional y a la Guardia Civil junto a los Mossos y las policías municipales.