WLw a justicia argentina ha resuelto que la operación de secuestro y devaluación del ahorro de los argentinos --en su mayoría clases populares-- que dispusieron hace cinco años los presidentes Fernando de la Rúa (Unión Cívica Radical) y Eduardo Duhalde (peronista) no fue legal. La decisión judicial admite, no obstante, que en el 2002 sí fue legal acabar con la pantomima establecida diez años antes de que un dólar y un peso tendrían siempre el mismo valor de conversión, una decisión política equivocada de los sucesivos gobiernos argentinos que querían acabar con la hiperinflación. El abuso inadmisible fue que ese disparate financiero --acompañado de privatizaciones masivas y ninguna contención del gasto público-- acabara afectando a los ahorros particulares. Sobre todo de los que permanecieron depositados en entidades bancarias argentinas, a diferencia de las ingentes transferencias de dólares/pesos que hicieron los más avispados. Cuando cundió el pánico, aparecieron las medidas restrictivas para los ahorradores, conocidas como ´corralito´: primero se limitó el dinero que se podía retirar cada día, y luego siguió la injusta paridad establecida por el banco emisor de 1,40 pesos por dólar. Los 50.000 ahorradores que protestaron han de recibir, por todos los conceptos, 3,8 pesos por el dólar que tenían hace cinco años. La sentencia, por su cantidad de matices, merece el elogio de saber que en Argentina hay instituciones capaces de reparar el daño a quienes confiaron, hasta el final, en su Gobierno. Lo que no se va a recuperar es la ruina de cientos de familias.
