Estamos asistiendo a una auténtica crisis institucional que erosiona gravemente la democracia. El ciudadano está cuestionando la política y el sistema judicial que estos días está en boca del todos. El espectáculo mediático que está ofreciendo el PP, la corrupción del caso Gürtel, caso Millet , y otros, han puesto de manifiesto que la política puede servir también para delinquir. Esta situación está generando una desafección general que puede tener consecuencias nefastas en la participación de los ciudadanos en la vida política, y por tanto, poner en cuestión el mismo sistema democrático, ya que los discursos exculpatorios suenan todos iguales. El desprestigio social no solo afecta al PP y a los presuntos delincuentes (imputados o no), sino al conjunto del sistema político, a todas las fuerzas políticas y a las instituciones. Pero lo más grave es que la voz popular está poniendo en cuestión, y con argumentos, otro de los pilares del sistema democrático, el poder judicial, frente a actuaciones como mínimo discutibles. Nos encontramos frente una auténtica alarma social. De momento silenciosa. Es necesario que los partidos políticos actúen, y de una forma contundente, regenerando sus organizaciones. También el poder judicial ha de actuar urgentemente con medidas cautelares, investigaciones a fondo, embargo de bienes y condenas ejemplares que no permitan la más mínima sombra de duda en la aplicación igualitaria de la justicia. Si no lo hacen, la sospecha permanente y generalizada, la sensación de impunidad de los poderosos, y la falta de fe en el sistema democrático y judicial, provocará una crisis institucional de incalculables consecuencias. Pero tal vez sea esto lo que algunos buscan.

Luis Carrasco Martínez **

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