WLwa detención de 11 personas vinculadas a la Diputación de Lugo, que preside Francisco Cacharro (PP) desde hace 23 años, no es más que el último capítulo de la sucesión de escándalos que sacuden a la Administración local. Las fundadas sombras sobre Terra Mítica --que involucran a Eduardo Zaplana--, el comportamiento bochornoso del alcalde de Orihuela (PP), las sospechas que se ciernen sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), y la trama de corrupción inmobiliaria a gran escala descubierta en Marbella --paradigma y resumen de los casos anteriores-- pone de manifiesto la debilidad de nuestro sistema político para garantizar la pulcritud de la gestión pública.
El respeto por la autonomía de los entes locales no impide la tutela de la Administración central y de los gobiernos autónomicos sobre las diputaciones y los ayuntamientos. Ante la existencia de indicios de corrupción, los peldaños administrativos superiores no pueden considerar meramente nominales sus funciones y permanecer impasibles hasta que actúen la policía y los fiscales. Porque en ese caso se defrauda la confianza de los ciudadanos en las instituciones y se justifica a quienes recelan de ellas.
