El Consejo de Ministros del viernes aprobó un anteproyecto de ley propuesto por los ministerios de Salud y Consumo, Economía y Hacienda, Justicia e Industria que prohíbe las prácticas comerciales agresivas, un fenómeno en auge en los últimos años en España y que se ha bautizado como spam telefónico. El sufrido ciudadano lo conoce de sobras: generalmente al mediodía o a primera hora de la noche, en momentos de descanso familiar, recibe una llamada en la que, de forma insistente, se le ofrecen servicios que él no ha pedido por parte de compañías con las que no ha tratado jamás y a las que, por tanto, nunca ha facilitado sus datos. Además de molesta, esta práctica es abusiva, pues demasiado a menudo la insistencia o la confusa información facilitada en la perorata telefónica logran que el usuario tome una decisión de compra que de otro modo no habría tomado. Por no hablar de la sensación de inseguridad que produce pensar que hemos perdido el control de nuestros datos personales y que la información que facilitamos de buena fe para contratar un servicio se utiliza para otros fines.
Por ello el Gobierno hace bien en tomar medidas, como han pedido organizaciones de consumidores, aunque lleguen con retraso: la normativa europea que fija la ilegalidad de estas formas de coacción publicitaria data del 2005. Tal vez así las operadoras de telefonía (quienes más recurren a ella) replanteen sus estrategias de promoción, las empresas de telemárketing que respetan los derechos del consumidor puedan seguir operando sin verse afectadas por quienes se saltan toda ética y el ciudadano pueda descolgar el teléfono de su casa sin temor a que lo avasallen.
