La reunión de la ONU destinada a evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se celebra desde ayer en Nueva York en un clima que oscila entre el escepticismo y la complacencia. Mientras el propósito de reducir en el 2015 a la mitad el número de pobres contabilizados en el 2000 parece imposible de lograr, algunos estudios dados a conocer estos últimos días revelan un crecimiento constante de las clases medias en los países emergentes. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aún estima posible alcanzar las metas fijadas.

En medio quedan los criterios estadísticos seguidos para fijar los objetivos, siempre discutibles, y el hecho cierto de que solo 21 países, que representan un sexto aproximado de la población del planeta, pueden considerarse ricos. El resto, incluidos colosos demográficos como China y la India, deben afrontar múltiples formas de pobreza, exclusión social, hambre y epidemias, cuya reducción depende del presupuesto de los ricos y de que estos hallen nuevas fuentes de ingresos. Un doble esfuerzo condicionado por la crisis y sus consecuencias, que dificulta la imposición de recargos a las transacciones bancarias o a los billetes de avión, como proponen países como España.

La idea de que lo que hay que hacer es mejorar la gestión de los recursos más que aumentarlos también está directamente relacionada con la crisis. Incluso dando por descontado que es preciso depurar las técnicas de asignación y administración de los fondos, resulta por lo menos preocupante que no se haya llegado a esta conclusión hasta ahora y que, mientras tanto, se hayan confiado muchas iniciativas a gobiernos corruptos y funcionarios fuera de control.

Al mismo tiempo, es de lamentar que al convocarse la conferencia se haya soslayado la necesidad de llevar a la práctica políticas activas de desarrollo. Una omisión que impide confiar, por ejemplo, en que los países pobres dejarán de ser víctimas de la competencia de las exportaciones agrícolas subvencionadas de la UE y EEUU. Una situación que condena al grueso de la población de muchos lugares a adecuar su vida a una economía de mera subsistencia que prolonga indefinidamente la lucha contra la pobreza extrema que se impuso la ONU.

En este escenario, han surgido propuestas como la de los presidentes español y francés de establecer una nueva tasa a las transacciones financieras internacionales que contribuya a financiar la lucha contra el hambre y la pobreza. Nuevamente los bancos en el punto de mira, para que parte de la ayuda que los gobiernos le dieron para salir de la crisis revierta ahora en los más necesitados.