WEwl presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra , acometió ayer una limitada remodelación de su gobierno: ha suprimido la Consejería de Fomento y ha redistribuido las atribuciones que hasta ahora han tenido ésta y la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, en la nueva Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, que asume las competencias que tenía Fomento en infraestructuras viarias y transportes y la de Educación en política científica y tecnológica.

El presidente ha explicado su decisión en un hecho que ha calificado de "estratégico": aglutinar en un solo departamento el desarrollo de infraestructuras, clásicas como las de carreteras, ferrocarril, etc., y tecnológicas y científicas. Ibarra cree que así Extremadura será más eficaz en su afán por avanzar en la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y los programas de investigación y desarrollo. Esta política, cuyas iniciativas estelares hasta ahora han sido la implantación del Linex y la de los ordenadores en las aulas, está teniendo unos resultados discretos --los escolares extremeños no han hecho todavía del ordenador una herramienta decisiva en su aprendizaje--, a pesar de que nadie puede esperar que un cambio como el que se pretende sea perceptible ni siquiera en una legislatura. En este sentido, bien viene un impulso.

Sin embargo, antes que por esa decisión estratégica la remodelación se entiende mejor por lo que Ibarra dijo que era un hecho "puntual": la creación de la Agencia de la Vivienda, a cuyo frente estará la hasta ahora titular de Fomento, Leonor Martínez Pereda . Tal vez el presidente rechace interpretaciones en el sentido de que esta consejera --que accedió al cargo para suceder a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo --, es la damnificada de esta crisis, puesto que sale del Consejo de Gobierno y se le desciende , pero difícilmente se puede sustraer a esas interpretaciones porque en su mano estaba no hacerlo: si tanta importancia le otorga Ibarra a la política de Vivienda, porque en esa importancia descansa el haber creado con toda urgencia la Agencia, más relieve le hubiese dado si, como Zapatero , hubiese creado un ministerio específico --en este caso, una consejería-- para gestionar esa política, sin que hacerlo suponga menoscabo de la búsqueda de agilidad y transversalidad que se pretende con la Agencia.

Hay, con todo, una consecuencia de la crisis de gobierno que, aunque no ha sido citada por el presidente, puede suponer un cambio positivo: el hecho de que la Consejería de Educación no tenga que gestionar más competencias que las que le son propias: la educación de los extremeños. Nada más y nada menos. Es de esperar que con un departamento exclusivamente dedicado a ello se puedan acometer políticas que hagan frente a problemas no sólo relacionados con el horario de los centros o la fecha de los exámenes extraordinarios, sino con asuntos de tanto calado como el fracaso escolar que, aunque no gusta oírlo a sus responsables, es el mayor de España.