El paro del sector pesquero de bajura y arrastre, el que abastece un 20% de lo que venden las pescaderías, ha sido suficiente para disparar los precios de algunas especies de compra habitual. La alteración de precios en las lonjas es comprensible, y más ante el éxito de la manifestación del sector que el viernes recorrió Madrid. El motivo es bien sabido, el alza de los precios de los carburantes amenaza con la desaparición de la flota que pesca cerca de la costa. Los armadores han sido los primeros en advertir de las consecuencias del alza del petróleo. Es el preludio de las protestas que se avecinan, empezando por los transportistas. Los argumentos de estos colectivos son comprensibles, aunque la exigencia principal, que el Gobierno les subvencione, difícilmente prosperará, porque Bruselas vigila con rigor que se cumplan las reglas de impuestos sobre los carburantes.
Buscar medidas paliativas para la crisis evidente y mesurable de sectores como el pesquero sí es competencia del Gobierno español, porque nuestro país es el principal consumidor --aunque no proveedor-- de pescado de Europa, razón suficiente para conseguir buen trato europeo a quienes viven de la pesca tradicional. No obstante, su capacidad para desabastecer al mercado es limitada, dado que los mercados mayoristas son netamente importadores. Y que los armadores pidan subvenciones tampoco gusta a los sindicatos, porque quienes salen al mar --los trabajadores de la pesca-- comparten el gasto del combustible y no participan de las ayudas. Es hora de que unos y otros suelten amarras y negocien sin más dilaciones.
