El pasado 9 de marzo, IU- ICV sufrió una evidente derrota, obteniendo solamente 962.834 votos en el conjunto del Estado. No se trata de minimizar el resultado, pero sí resulta necesario situarlo en el contexto de una campaña electoral donde no han regido los principios constitucionales garantes de un pluralismo político efectivo. En primer lugar, la desigualdad de los recursos económicos de las distintas formaciones políticas, cada vez más patente como lo acredita el Tribunal de Cuentas, ya vulnera el principio de igualdad de todas ellas ante la ley. Y, sobre todo, ante los ciudadanos. En segundo lugar, ha sido de enorme gravedad que medios públicos como TVE y otros, con independencia del criterio de la Junta Electoral, hayan vulnerado dicho principio constitucional (artículo 1 de la Constitución), favoreciendo, con la complicidad del PP y del PSOE, debates exclusivos entre ellos con la exclusión de las demás formaciones, debates que han distorsionado la campaña electoral fomentando una publicidad abusiva de aquellos dos partidos "en detrimento de la sana formación de la opinión pública base del Estado democrático", como dijo el Supremo en el caso Filesa.

Por tanto, hemos asistido, además de otros factores condicionantes de la opinión pública, como los crímenes de la banda terrorista ETA, a un proceso electoral concebido, más allá de los aciertos y desaciertos programáticos, para la exclusión de las opciones políticas minoritarias. A ello hay que añadir un sistema electoral que permite, con grave perturbación del pluralismo y de la propia democracia, que cerca de un millón de electores deban conformarse con una casi irrelevante representación parlamentaria mientras otros partidos, de alcance territorial limitado y con muchos menos votos, estén ampliamente representados.

XNO TENEMOSx especial confianza en la reforma electoral que, en definitiva, limitaría el poder de los grandes partidos. Pero debe denunciarse que, en estas condiciones, el sistema de partidos no es, como debiera, garantía del pluralismo político.

En todo caso, el grave retroceso electoral de IU-ICV va a limitar seriamente, aunque no acallará, su activa presencia en el Congreso de los Diputados. Puede que un día, que deseamos sea pronto, muchos electores adviertan con nostalgia la ausencia, con la intensidad deseada, de una voz exigente y crítica ante las políticas económicas conservadoras del Gobierno o su timidez en la profundización de los derechos y libertades. Porque podrán continuar sonando, pero no con la misma fuerza, las exigencias de más justicia social, de más impuestos, de más derechos, de más democracia.

Los dos diputados de IU- ICV seguirán reclamando una reforma fiscal para mejorar la progresividad y la equidad del sistema fiscal, es decir, un sistema de impuestos capaz de generar más riqueza para realizar una más justa redistribución de la misma entre las clases más desfavorecidas. Es la única propuesta admisible cuando se sabe que el 86% de las grandes fortunas españolas, con un patrimonio superior a los 10 millones de euros, no declara el impuesto sobre el patrimonio. Sobre todo, en un país como el nuestro, donde el fraude fiscal representa el 23% del PIB.

Continuarán exigiendo mayor transparencia en la relación de los partidos con las entidades de crédito, particularmente ante operaciones financieras irregulares, como la prohibida condonación de intereses de la que se han beneficiado indebidamente determinados partidos.

Y, ante la corrupción, mantendrán la exigencia de mayor control ciudadano sobre la planificación urbanística, y respuestas eficaces ante las demandas y necesidades de los ciudadanos, haciendo frente de forma abierta y eficaz al urbanismo basura.

Como, igualmente, plantearán al Gobierno que ya es hora de estimar delictivo el "enriquecimiento ilícito" de los servidores públicos, además de ampliar los plazos para declarar prescritos los delitos de corrupción y fraude fiscal, para evitar situaciones bochornosas como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los Albertos.

Y también lucharán, como lo han hecho hasta ahora, para garantizar los derechos de los inmigrantes contra cualquier forma de discriminación y de xenofobia, denunciando las condiciones de los centros de internamientos de extranjeros y reiterando el requerimiento del derecho al voto de los mismos.

Denunciarán vigorosamente los acuerdos con el Vaticano, exigiendo que el Gobierno supere sus complacencias y concesiones a la jerarquía católica para construir ya un Estado laico. No pueden mantenerse por más tiempo acuerdos como el de 1976, que afirma que el Estado español reconoce que "debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica", afirmación incompatible con el planteamiento constitucional.

Y, finalmente, con una voz limitada, pero rotunda, la reducida representación parlamentaria no va a ceder a la hora de que se afronte el reconocimiento de derechos que no admiten demora, como la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo por una ley de plazos y la admisión del derecho a morir dignamente.

Ahora es el momento de actualizar las reivindicaciones pendientes para frenar a los poderes económicos y extender los derechos democráticos a todos los ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables. Es lo que los electores y la sociedad esperan de IU-ICV. No se les puede defraudar.

*Exfiscal anticorrupción